La administración de Donald Trump ha ampliado radicalmente sus objetivos de deportación, afectando incluso a inmigrantes con estatus legal, según reportes recientes. 
«Están usando tácticas sin precedentes», denuncia Beatriz López del Immigration Hub.
Encuestas revelan que el apoyo público cae cuando se trata de deportar a residentes de larga data o padres de ciudadanos estadounidenses. 76% aprueba remover criminales violentos, pero solo 34% respalda expulsar a quienes solo violaron leyes migratorias.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros -última vez aplicada en la Segunda Guerra Mundial– y el desacato a órdenes judiciales preocupan a expertos legales. «Están probando los límites del sistema», advierte Tom Suozzi (D-NY).
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