La administración de Donald Trump busca reemplazar a la actual presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU., Rochelle Garza, con el abogado conservador Peter Kirsanow. Este movimiento, comunicado mediante un correo electrónico de dos líneas en marzo, pretende reorientar la agenda de un organismo histórico creado hace casi 70 años para combatir la discriminación.
Garza, designada en 2022 para un mandato de 6 años, afirma que el intento de destitución es «ilegal según el estatuto de la comisión». La ley exige el voto mayoritario de los 8 miembros (4 republicanos y 4 demócratas) para remover al presidente. Hasta ahora, no se ha realizado dicha votación.
«Están desmantelando cada agencia de derechos civiles… esta podría ser la última en pie», advirtió Garza en entrevista.
Controlar esta comisión daría a Trump una plataforma para respaldar sus políticas contra el «voto de no ciudadanos», regular universidades por presunta «tolerancia al antisemitismo» y limitar derechos de personas transgénero. Paralelamente, su administración ha removido demócratas de otras agencias como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
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