Este martes 7 de julio de 2026, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito bloqueó una parte clave de la controvertida ley educativa de Florida, conocida como la ‘Stop WOKE Act’ (Ley Individual Freedom Act). La decisión, que afecta a universidades públicas y colleges, reafirma la protección de la Primera Enmienda frente a lo que la mayoría calificó como “discriminación de puntos de vista”.
La legislación, impulsada por el estado de Florida, prohibía promover ocho conceptos relacionados con raza, género e identidad. Entre ellos se encontraban ideas como que una raza o sexo es superior a otro, que alguien “tiene responsabilidad o debe ser tratado peor” por actos pasados de su grupo identitario, y que una persona debe recibir un trato desigual para lograr “diversidad, equidad o inclusión”. Aunque el estado sostenía que la ley permitía discutir estos conceptos, prohibía su promoción, argumentando que los profesores son empleados públicos financiados por el estado.
La jueza Britt Grant, nombrada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato, escribió la opinión mayoritaria, acompañada por el juez Charles Wilson, designado por el expresidente Bill Clinton. Grant afirmó que la ley equivalía a una “improper viewpoint discrimination” (discriminación impropia de puntos de vista). En un pasaje clave, escribió:
“Florida busca privar a los profesores universitarios públicos —y, por extensión, a sus estudiantes— de la capacidad de comprometerse plenamente con ideas que, para bien o para mal, son muy populares en algunos círculos académicos. El Estado nos pide que consideremos sus reglas como un medio para atacar la discriminación. Pero escuchar una idea con la que no estás de acuerdo no es discriminación; es una oportunidad para encontrar una idea mejor, o incluso para cambiar de opinión.”
El fallo mantiene la orden de un tribunal inferior que ya había bloqueado la aplicación de la ley en instituciones de educación superior, aunque la ley sigue vigente en otros ámbitos como escuelas K-12 y empresas.
La jueza Barbara Lagoa, también nombrada por Trump, disintió de la mayoría. En su voto particular, Lagoa sostuvo que la Primera Enmienda protege todos los puntos de vista en la plaza pública, pero no obliga a que todos sean “dignos de patrocinio estatal”.
“La Primera Enmienda protege todos los puntos de vista en la plaza pública, sean convencionales o controvertidos. Pero no obliga a que todos los puntos de vista sean dignos de patrocinio estatal.”
La decisión fue recibida con reacciones encontradas. Defensores de la libertad académica celebraron el fallo como una victoria para la libre expresión en las aulas universitarias, mientras que partidarios de la ley advierten que debilita los esfuerzos para evitar la indoctrinación ideológica.
Por ahora, la ‘Stop WOKE Act’ permanece bloqueada en lo que respecta a las universidades públicas de Florida, y el caso podría continuar su camino hacia la Corte Suprema de Estados Unidos.
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