Fallo de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito
Un tribunal federal bloqueó el martes parte de la controvertida ley de Florida que restringe la forma en que los profesores universitarios pueden enseñar sobre raza, género e identidad. La decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito confirmó una sentencia de un tribunal inferior, determinando que la ley constituye una discriminación indebida de puntos de vista.
La Ley ‘Stop WOKE’ y sus Ocho Conceptos
La ley, conocida inicialmente como Stop WOKE Act y luego renombrada como Individual Freedom Act, prohibía la promoción de ocho conceptos relacionados con raza, color, origen nacional o sexo. Entre ellos: la idea de que una raza es superior a otra, que alguien debe ser tratado peor debido a acciones pasadas de su grupo identitario, o que se debe discriminar para lograr diversidad, equidad o inclusión.

Argumentos del Estado y la Corte
El estado de Florida argumentó que permitía la discusión de los conceptos, pero podía restringir su promoción porque los profesores son pagados por el estado. Sin embargo, la jueza Britt Grant, junto con el juez Charles Wilson, escribió que la ley equivalía a una discriminación indebida de puntos de vista. En la opinión mayoritaria, Grant señaló:
«Escuchar una idea con la que no estás de acuerdo no es discriminación; es una oportunidad para tener una mejor idea, o quizás cambiar de opinión».
La jueza Barbara Lagoa, en disidencia, estuvo de acuerdo con el estado, argumentando que la Primera Enmienda no obliga a que todos los puntos de vista merezcan el respaldo estatal. Cabe destacar que Grant y Lagoa fueron nombradas por el presidente Donald Trump, mientras que Wilson fue nombrado por el presidente Bill Clinton.
Impacto en Instituciones de Educación Superior
La opinión se limita a la aplicación de la ley en instituciones postsecundarias, aunque la ley también se aplica a otras instituciones educativas y negocios. El fallo permite a los profesores continuar enseñando sin las restricciones impuestas por la ley, reafirmando la libertad académica en las universidades públicas de Florida.