Defensores de derechos migratorios enfrentan una estrategia judicial masiva de la administración Trump, descrita como «flood-the-zone», que busca acelerar deportaciones mientras casos clave llegan a la Corte Suprema. 
Más de 600,000 venezolanos enfrentan la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS) tras su revocación en febrero. Aunque un juez federal extendió la protección 18 meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promete apelar. «Es desgarrador ver su miedo», afirma Adelys Ferro, directora del Venezuelan-American Caucus.
El DHS insta a más de 1 millón de migrantes bajo programas de libertad condicional de Biden a «auto deportarse» usando la app CBP Home. Dara Lind, del American Immigration Council, advierte: «Juegan con el miedo para que la gente abandone voluntariamente sus derechos».
Con un 51% de apoyo en encuestas a las políticas de Trump, casos como la vinculación de la pandilla Tren de Aragua con venezolanos alimentan narrativas de criminalización. «Medio país votó por esto», lamenta Cecilia González Herrera, demandante en el caso de TPS.
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