Una nueva ola de bufetes jurídicos especializados en defensa de funcionarios públicos y críticos del gobierno está surgiendo en Washington como respuesta a las políticas de la administración del expresidente Donald Trump.
Clayton Bailey y Jessica Merry Samuels, exlitigantes del Departamento de Justicia, fundaron el Civil Service Law Center. Su objetivo: representar a trabajadores federales despedidos masivamente. «Es una consecuencia natural del comportamiento ilegal de esta administración», declaró Bailey.
Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden e Ivanka Trump, dejó su firma anterior para crear Lowell & Associates. Entre sus clientes destacan la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el abogado de seguridad nacional Mark Zaid.
«La industria legal está siendo manipulada con fines políticos. Ahí es donde intervenimos» —Abbe Lowell
Pamela Hicks (exasesora de la ATF) y Greg Pinto lanzaron el DC Law Collective, enfocado en empleados federales. «Nunca hubo una necesidad tan masiva de representación», afirmó Hicks, despedida este año sin explicación.
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