En una sesión marcada por la tensión, los comisionados de Miami aprobaron por 4 votos a favor y 1 en contra el avance de una ordenanza que facilitaría a la policía arrestar a quienes duerman en las calles. La propuesta, presentada por el comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, ahora pasará a una segunda y definitiva votación. La única oposición provino de la comisionada del Distrito 5, Christine King.
De aprobarse definitivamente, la policía ya no estaría obligada a emitir advertencias por escrito a quienes violen la prohibición estatal de acampar en público. Tampoco sería necesario que las personas en campamentos recojan sus pertenencias antes de ser arrestadas. La ley estatal HB 1365, aprobada en 2024, prohíbe acampar en espacios públicos y permite demandar a gobiernos locales que no la apliquen, pero no especifica cómo debe hacerse cumplir.
Según la definición de la ciudad de Miami, se considera que alguien mantiene un campamento si duerme en una tienda de campaña, bajo una lámina de cartón o manta, o acumula más pertenencias de las que caben en una caja de 3 pies cúbicos.
En la reunión, el jefe de la Policía de Miami, Edwin Lopez, respaldó la medida, señalando que su departamento solo ha realizado dos arrestos este año por violaciones del veto de acampar. «Los arrestos no se usan a menudo», explicó, pero la ordenanza «nos da una oportunidad para esos casos muy raros y buscar otras acciones alternativas».
«Si arrestamos a personas cuando no tienen un lugar real adonde ir, no estamos resolviendo la falta de vivienda, estamos haciendo que sobrevivir sea más difícil», afirmó Matthew Pastewski, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Miami y miembro de Miami Street Medicine, que atiende a personas sin hogar.
Pastewski agregó que «el acceso a refugios ya es limitado y los servicios son difíciles de alcanzar». Datos del Homeless Trust indican que 80 camas de emergencia adicionales están por llegar, pero la red de refugios sigue siendo «ajustada», según el presidente de la agencia, Ron Book. En enero, se contabilizaron 605 personas durmiendo en las calles de Miami, más de la mitad de la población sin techo del condado.
Escalona subrayó que su propuesta no autoriza arrestar si no hay camas disponibles en los refugios. Sin embargo, una encuesta reciente de investigadores de la Universidad de Miami reveló que el 28% de las personas en situación de calle probablemente no aceptarían una cama, alegando sentirse inseguros o con demasiadas restricciones en los albergues.
Ron Book ya había cuestionado la necesidad de la ordenanza, señalando que las normas actuales ya permiten arrestos y que «arrestar a personas simplemente por ser indigentes probablemente no es una forma productiva de manejar el problema». Pastewski coincidió: «Muchos de los arrestados por acampar en público terminan de vuelta en las calles, pero con más problemas. La cárcel empeora los problemas médicos, pierden medicamentos, documentos y teléfonos. Nadie elige quedarse sin hogar».
La ordenanza de Escalona avanzó a segunda lectura, y el debate promete intensificarse antes de la votación final. Mientras tanto, organizaciones y ciudadanos continúan presionando por soluciones que no criminalicen la pobreza.
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