Cada día, Angela Della Valle conduce una hora a través de las colinas de pinos amarillos de Luisiana central para visitar a su esposo en el Centro Correccional Winn, en medio del Bosque Nacional Kisatchie. Esta antigua prisión estatal ahora alberga a detenidos de inmigración.
Su rutina incluye múltiples controles de seguridad, pero a ella no le importa. Lo único que importa es estar cerca de Carlos, un ciudadano mexicano de 49 años que ha sido transferido a más de una docena de centros de detención en los últimos cinco meses. Su único delito: carecer de estatus migratorio legal.
Familias como la de Angela, Carlos y su hijo Alessandro, compuestas por ciudadanos estadounidenses y miembros indocumentados, se denominan de estatus mixto. Se encuentran atrapadas en un vórtice migratorio donde simplemente ser indocumentado es tratado como un crimen.
En 2024, el Departamento de Seguridad Nacional estimó que 765,000 no ciudadanos casados con ciudadanos estadounidenses carecían de estatus legal. Muchos llevan casados más de 20 años.
Bajo la Administración Biden, Carlos habría sido un hombre libre, ya que se priorizaba la deportación de criminales violentos. Sin embargo, bajo la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, la red se ha ampliado. Carlos y miles de familias de estatus mixto están siendo separados.
El 25 de diciembre de 2024, la familia Della Valle terminaba sus vacaciones en St. Thomas, Islas Vírgenes Estadounidenses. En el aeropuerto Cyril E. King, agentes del TSA escanearon sus identificaciones. De repente, Carlos desapareció.
Angela esperó más de seis horas, con un nudo en el estómago, hasta que un agente de inmigración se acercó. Le informaron que Carlos tenía una orden de deportación de 1997 y sería puesto en custodia.
Tras una audiencia, Carlos fue liberado bajo fianza de $20,000 gracias a la defensora pública federal Melanie Turnbull. Sin embargo, ocho meses después, en un juicio por entrada ilegal al país, un jurado lo declaró no culpable, influenciado por más de 200 cartas de apoyo de su comunidad en Chester County, Pensilvania.
La alegría duró poco. Inmediatamente después del veredicto, un agente de ICE se acercó:
«Carlos, lo siento. Usted no tiene estatus, y va a ser detenido».
Comenzó un periplo desgarrador. Carlos fue transferido repetidamente:
En Florida, las visitas eran casi imposibles. En Winn, Angela podía verlo más seguido, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos civiles en ese centro.
Su hijo, Alessandro, tuvo que comenzar su tercer año en la Universidad de Pittsburgh sin sus padres. «Por primera vez, Angela y Carlos no estaban allí». En una visita a Winn, Alessandro se derrumbó al ver a su padre, pálido y con bolsas bajo los ojos.
El 20 de noviembre, en una audiencia, Carlos argumentó el riesgo de ser regresado a Guerrero, México, donde enfrentaría violencia de carteles. El juez estuvo del lado del gobierno y reinstaló la orden de deportación.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que la administración Trump «no va a ignorar el estado de derecho» y sugirió que «extranjeros ilegales» como Carlos deberían auto-deportarse por una recompensa de $2,600.
La comunidad de Downingtown, PA, ha respondido con una campaña de GoFundMe que superó los $90,000 en donaciones y con más de 200 cartas pidiendo la liberación de Carlos, describiéndolo como un miembro ejemplar de la comunidad.
Mientras tanto, Angela vive en un estado de ansiedad perpetua, lista para viajar a donde sea que transfieran a Carlos. Su lucha se ha convertido en un símbolo para muchas otras familias atrapadas en el mismo sistema.
La apelación de la orden de deportación aún sigue su curso en los tribunales. Para los Della Valle y miles más, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla de incertidumbre y separación.
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