Una investigación estatal exhaustiva ha destapado un presunto sistema de explotación y maltrato dentro del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Miami, centrado en la especialista en colocaciones, Tania Hernandez. El caso salió a la luz tras el abandono de Julia Rabell, una anciana de 88 años, fuera de una casa de huéspedes en Flagami en pleno calor de agosto.
Tania Hernandez, con 38 años de carrera, tenía la autoridad exclusiva para decidir dónde vivirían los adultos mayores frágiles e incapacitados que eran puestos bajo custodia estatal en Miami-Dade. Colegas y familiares la acusan de tratar a estas personas como «mercancías», enviándolas a instalaciones con historiales de violaciones y alejándolas de sus redes de apoyo.
«DCF le dio a esta mujer la llave para hacer tráfico humano con nuestros viejos. Para mí, ella los está vendiendo y está obteniendo dinero por ello», testificó la investigadora de Servicios de Protección para Adultos, Eneida Senrra.
Denunciantes internos, como la ex trabajadora social Frances Shackelford, elevaron quejas al gobernador Ron DeSantis, alegando que las remociones de ancianos de sus hogares se habían «disparado» y se habían vuelto «rentables» bajo el mando de Hernandez. Shackelford escribió que «esto ocurre cuando las remociones se convierten en un negocio».
El artículo detalla varios casos desgarradores. Cesar Sanchez, de 76 años, fue trasladado sin previo aviso a un centro asistencial llamado Troy & Greg mientras estaba hospitalizado. Su hija lo encontró «sucio, hambriento y sedado».
Otro caso involucró a la pareja de toda la vida, Carmen del Toro (70) y Ruben Rodriguez (74). A pesar de las súplicas para que no los separaran, Hernandez los envió a diferentes lugares. Ruben murió solo dos meses después, y Carmen falleció posteriormente en otra instalación, sin haber podido despedirse de su esposo.
Hernandez fue objeto de cinco investigaciones estatales o locales en un lapso de seis años, incluidas dos por el Inspector General del DCF. Todas se cerraron sin encontrar irregularidades. Se la transfirió temporalmente de su cargo durante una investigación, pero fue reinstalada después de ser exonerada.
En una declaración grabada, Hernandez se declaró víctima de una «campaña de difamación» y negó haber recibido cualquier beneficio económico: «Nunca, nunca recibí nada por ello». Sus superiores le otorgaron evaluaciones positivas y respaldaron su trabajo.
Los investigadores encontraron que Hernandez rara vez documentaba sus decisiones por escrito. En su lugar, usaba su teléfono personal para comunicarse con hospitales y dueños de instalaciones, dejando sin rastro de auditoría pública. Una hoja de cálculo destinada a demostrar imparcialidad en las colocaciones nunca fue entregada a los investigadores.
El DCF se ha negado repetidamente a proporcionar datos o documentos que rastreen dónde terminan los ancianos bajo custodia estatal.
La historia, basada en testimonios jurados, informes estatales y entrevistas, pinta un cuadro de un sistema opaco donde los más vulnerables pueden quedar atrapados en decisiones arbitrarias, mientras las denuncias de corrupción chocan contra un muro de investigaciones sin consecuencias.
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