Gobiernos de DeSantis y Trump Revelan Base Legal para Centro de Detención
En respuesta a demandas judiciales, las administraciones de Ron DeSantis y Donald Trump presentaron documentos que fundamentan la operación de Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida.

Acuerdos 287(g): El Sustento Jurídico
El estado de Florida modificó el 5 y 6 de agosto un acuerdo con el Departamento de Correcciones para autorizar retrospectivamente la detención de inmigrantes en instalaciones estatales no penitenciarias, cubriendo las primeras seis semanas de operación del centro.
- 9 agencias estatales participan mediante acuerdos 287(g)
- Florida Department of Law Enforcement y Florida Fish and Wildlife entre las entidades involucradas
- Se desconoce cuántos agentes trabajan actualmente en el sitio
Operación Atípica y Cuestionamientos
El abogado Paul Schwiep cuestionó la legalidad durante una audiencia:
«O el estado opera este centro bajo autoridad federal, o maneja una instalación completamente ilegal»
Notablemente ausentes: acuerdos con la División de Manejo de Emergencias (responsable de la construcción) y ningún Intergovernmental Service Agreement típico en centros de detención migratoria.
Contradicciones en Corte
La jueza federal Kathleen Williams detuvo la construcción por dos semanas tras evidenciarse inconsistencias:
- Abogados federales citaron inicialmente el acuerdo con FDLE
- Abogados estatales presentaron el de Florida Highway Patrol
- ICE admitió que agentes federales no supervisan diariamente el centro
Realidad vs. Declaraciones Oficiales
Mientras DeSantis afirma que solo alberga inmigrantes con orden de deportación, Juan Lopez Vega de ICE declaró que los detenidos están en «varias etapas de procesamiento migratorio» y que Florida retiene la autoridad final sobre quién es detenido.
En un mes, más de 1,000 inmigrantes han pasado por las instalaciones construidas en 8 días sobre un aeródromo incautado al condado Miami-Dade.
Barreras al Debido Proceso
Abogados denuncian que los detenidos carecen de acceso real a cortes migratorias. Aunque López Vega afirmó que pueden solicitar audiencias de fianza, múltiples reportes indican cancelaciones y falta de programación en el centro de procesamiento Krome.