El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió este martes al secretario judicial y contralor del condado de Palm Beach, Mike Caruso, de 67 años, pocas horas después de que fuera arrestado por presuntas alegaciones de abuso sexual a un menor, un familiar. Caruso, exmiembro de la Cámara estatal y figura destacada en círculos republicanos, fue designado por DeSantis en agosto del año pasado para el cargo, con un salario de $219,000 y la supervisión de una plantilla de 670 empleados.
La suspensión se formalizó mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que el gobernador asegura que no conocía las antiguas acusaciones de abuso sexual que ya pesaban sobre Caruso. “No había nada de esa información en ninguno de los materiales de investigación”, dijo DeSantis a los periodistas en Sarasota tras el arresto.
Los documentos públicos de Florida revelan que no era la primera vez que Caruso enfrentaba una acusación de este tipo. Según un informe policial obtenido mediante solicitud de registros públicos, el Departamento de Policía de Delray Beach y el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) investigaron en 2012 una alegación de abuso infantil contra Caruso.
“Los investigadores determinaron que la acusación era infundada, después de que el menor no relatara ningún incidente inapropiado en las entrevistas. Caruso negó los hechos ante los oficiales en ese momento”, señala el informe policial.
Además, en 2013, Caruso mencionó ese incidente en su proceso de divorcio ante el tribunal de circuito de Palm Beach. En esos documentos, Caruso acusó a su primera esposa, Beverly Caruso, de orquestar un “falso caso de abuso sexual” en su contra. Beverly, por su parte, lo acusó de agresión sexual a un menor, según consta en los registros de divorcio.
El hecho de que el gobernador o su equipo no detectaran estas denuncias, que eran de acceso público, ha generado nuevas preguntas sobre el proceso de investigación de los nombramientos estatales. La oficina del gobernador no respondió a las preguntas sobre la exhaustividad del proceso; la oficina de nombramientos remitió las consultas a la oficina de registros públicos del gobernador.
Los posibles designados deben completar un extenso cuestionario sobre sus antecedentes personales y profesionales. Una de las preguntas indaga si el solicitante se encuentra “actualmente bajo investigación, cargos o acusación por cualquier violación de la ley”, pero no pregunta sobre investigaciones pasadas. El formulario indica además que cualquier puesto estará sujeto a “los resultados de una investigación de antecedentes”, sin precisar el alcance completo de esa verificación.
El expolicía y consultor político republicano John Cardillo, quien dirigió una empresa para localizar y rastrear delincuentes sexuales en línea, fue contundente: “Que esto se escape por las grietas, para mí, es una negligencia absoluta”. Añadió que “tienen los recursos para hacer una investigación profunda, pero esto es básico: llamar a un familiar, llamar a una expareja”.
“Tenemos que observar a las personas en la oficina ejecutiva del gobernador, su compromiso con la seguridad pública, con la integridad de los nombramientos y cómo emplearon el tiempo financiado por los contribuyentes”, declaró Cardillo.
Cardillo añadió que los recursos necesarios para descubrir las acusaciones de 2012 habrían sido mínimos: “No necesitas recursos policiales. Es una llamada telefónica estándar. Empieza a plantear preguntas sobre su competencia”.
El abogado de cumplimiento legal y exrepresentante estatal republicano, Juan-Carlos Planas, ahora demócrata, también cuestionó la decisión: “Esto es lo que me vuelve loco: el tipo ya tenía referencias de DCF antes y aun así fue nombrado secretario judicial y seguía siendo amigo de DeSantis. Nada de esta basura fue sorprendente”.
Por su parte, Justin Sayfie, lobista federal de Ballard Partners y ex asesor principal de políticas del exgobernador Jeb Bush, recordó que “la oficina del gobernador realiza cientos de nombramientos cada año. El proceso de investigación es minucioso, pero no es tan extenso como una verificación de antecedentes del FBI para un nombramiento federal confirmado por el Senado”.
El miércoles, DeSantis insistió en que Caruso “tenía una verificación limpia cuando fue evaluado” y aseguró que, al conocer las nuevas acusaciones, “fue una decisión muy fácil sacarlo de esa posición”. El gobernador lo suspendió apenas unas horas después de que se conociera el arresto.
Ese mismo día, Caruso compareció por primera vez ante un tribunal de West Palm Beach. Su abogado mantuvo la inocencia de su cliente, mientras el caso sigue en desarrollo.
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