En abril del año pasado, Alianna Grant, de 22 años, caminaba de regreso a su dormitorio cerca del sindicato estudiantil de la Florida State University (FSU) cuando se encontró con un joven que le disparó tres balas en el pecho, el estómago y un dedo. Con un AirPod en un oído, logró decirle a su iPhone que llamara a su madre en Miami. “Pude ver que sangraba”, relató Grant, quien fue operada de urgencia en un hospital de Tallahassee y le extirparon el bazo.
Grant se graduó el mes pasado con un título en comunicación mediática, pero aún vive con el trauma físico y psicológico de aquel día de primavera, cuando un compañero de clase de FSU, Phoenix Ikner (21), mató a dos personas e hirió a Grant y a otras seis alrededor del sindicato estudiantil. El presunto tirador, hijo de un ayudante del sheriff del condado de León, está acusado del tiroteo masivo y espera juicio en octubre.
Grant no solo culpa al agresor, sino también al gigante tecnológico OpenAI y a su CEO Samuel Altman, a quienes demandó por negligencia y responsabilidad civil el jueves pasado. La demanda, presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de León por los abogados de Miami Judd Rosen, Brett Rosen y Kathy Ortega, alega que ChatGPT “ayudó activamente” a Ikner a planificar el ataque.
“ChatGPT y los acusados fueron los confidentes y cómplices de Ikner cuando le ayudaron a investigar tiroteos escolares, qué prisión terminaría, cuántas personas matar para obtener la mayor atención mediática, las horas más concurridas del campus y, finalmente, cómo operar sus armas de fuego minutos antes del tiroteo”, señala la demanda de 34 páginas.
Esta es la segunda acción legal individual contra OpenAI derivada del tiroteo en FSU. En mayo, la viuda de un ejecutivo de servicios de alimentación de FSU presentó otro caso. Además, la Fiscalía General de Florida ha iniciado una investigación penal y una acción civil contra OpenAI y ChatGPT.
Según la demanda, durante el año anterior al tiroteo, ChatGPT fue un “participante activo” que referencia, validó y amplió las revelaciones previas de Ikner. “Cada señal de advertencia que Ikner reveló se convirtió en parte de un perfil creciente que ChatGPT tenía pero nunca actuó”, sostienen los abogados. La demanda indica que Ikner preguntó al chatbot cómo usar ciertas municiones, los horarios pico de tráfico peatonal en el sindicato estudiantil e incluso: “Si hubiera un tiroteo en FSU, ¿cómo reaccionaría el país?”.
ChatGPT respondió: “Si hubiera un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, la reacción en todo el país probablemente seguiría un patrón observado en otros tiroteos masivos de alto perfil, especialmente en escuelas o universidades.” Minutos después, a las 11:57 a.m. del 17 de abril de 2025, Ikner abrió fuego.
En un comunicado, OpenAI calificó el tiroteo de “tragedia” pero negó cualquier responsabilidad, afirmando que “ChatGPT no es responsable de este terrible crimen”. La compañía dijo que tras el incidente identificó una cuenta asociada al sospechoso y compartió la información con las autoridades, cooperando plenamente. Añadieron que ChatGPT proporcionó respuestas factuales a preguntas con información disponible en fuentes públicas y no alentó actividades ilegales.
Sin embargo, los abogados de Grant sostienen que OpenAI, valorada en $852 mil millones, no implementó salvaguardas para evitar que el chatbot guiara al pistolero. “Es una computadora superhombre que se usa con fines malignos”, dijo Judd Rosen a la prensa. “No se libran si hicieron la vista gorda”.
Tanto Alianna Grant como su madre, Valerie Grant, quien viajó desesperadamente a Tallahassee la tarde del tiroteo, expresaron su “gran decepción” al saber que ChatGPT había guiado al agresor. “Era su asistente… le ayudó”, dijo Valerie. “Alianna fue su primera víctima. No sabía si quedaría paralítica. Estaba aterrorizada. No tuve paz durante meses. Su vida cambió en ese momento”.
A pesar de todo, Alianna Grant logró completar su licenciatura en FSU con ayuda de un tomador de notas y otras adaptaciones. En otoño comenzará una maestría en relaciones públicas y comunicaciones en la Universidad de Florida. Pero las cicatrices persisten: “Me miro al espejo y veo las heridas. Es un trago amargo”.
La demanda de Grant solicita daños superiores a $50,000. El caso, junto con la investigación penal y la acción civil de la Fiscalía de Florida, podría establecer un precedente sobre la responsabilidad de las inteligencias artificiales en actos violentos. Mientras tanto, la comunidad de FSU sigue lidiando con las consecuencias de aquel mediodía de abril.
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