La decisión de Trump de declarar a Palestine Action como grupo terrorista global marca un nuevo capítulo en la presión política contra el activismo propalestino. La medida, de alcance internacional, se da en medio de movilizaciones ciudadanas que defienden la libertad de Palestina y denuncian lo que consideran un genocidio.
En un giro relevante, un tribunal de Reino Unido ha declarado ilegal considerar como terrorista a Palestine Action. Esta resolución contrasta con la declaración de Trump y añade más tensión a un debate que cruza fronteras.
It’s not a crime to act against genocide. / No es un crimen actuar contra el genocidio.
La frase aparece en uno de los carteles mostrados durante una manifestación frente a un edificio de arquitectura gótica. Los asistentes sostienen pancartas en apoyo a Palestina y en favor de los derechos y las protestas, en un ambiente urbano marcado por la reivindicación política.
Mientras unas instancias internacionales endurecen el estatus de ciertos colectivos, otras corrigen o cuestionan esas calificaciones. El caso de Palestine Action pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad, libertad de expresión y derecho a la protesta.
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