La administración de Donald Trump ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de EE.UU. intervenir en su intento de deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas usando una ley de tiempos de guerra de 1798.
El gobierno argumenta en su recurso:
«La Constitución da una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra elección»
Mientras, el juez James E. Boasberg exige audiencias individualizadas para comprobar si los deportados son verdaderos «enemigos extranjeros».
Esta ley, usada durante la Segunda Guerra Mundial contra alemanes e italianos, revive ahora en un contexto de tensiones migratorias. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, afirma que muchos deportados no tenían antecedentes criminales en EE.UU.
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