La Asamblea Nacional de Cuba aprobó en julio de 2024 las nuevas leyes de Migración y Ciudadanía, pero su texto definitivo no fue publicado en la Gaceta Oficial hasta la semana pasada, cuando entró en vigor. Tras casi dos años de demora, las normativas llegan en un momento en que las autoridades cubanas buscan atraer inversiones y negocios de los cubanos en el exterior. Sin embargo, el análisis revela que mantienen restricciones que afectan directamente a los cubanoamericanos.
Uno de los aspectos más polémicos que se mantiene intacto es la exigencia de que los cubanos con doble ciudadanía utilicen su pasaporte cubano para entrar y salir del país. A pesar de años de peticiones de la comunidad cubanoamericana, la ley no elimina este requisito. “Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en esta Ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”, señala el texto. Esto implica que los nacidos en Cuba que hayan adquirido otra nacionalidad no pueden entrar al país con su pasaporte estadounidense a menos que hayan renunciado formalmente a la ciudadanía cubana.
Además, la ley advierte que los nacidos en Cuba con otras ciudadanías no gozan de prerrogativas, beneficios o protecciones relacionadas con esas ciudadanías dentro del territorio nacional, y que el hecho de tener otra nacionalidad no impide el cumplimiento de los deberes constitucionales.
El ministro de Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, había anunciado a principios de 2024 que los cubanos residentes en el exterior podrían poseer negocios privados e invertir en la isla, a condición de obtener el estatus migratorio “empresarial o de inversor” creado en la nueva ley. Ahora, la legislación publicada detalla que para adquirir dicho estatus se requiere la aprobación de la agencia migratoria del Ministerio del Interior.
La ley migratoria concede a las autoridades un amplio margen para denegar la entrada o salida del país a cualquier persona —tanto cubanos como extranjeros— invocando la seguridad nacional o el interés público. Esta disposición codifica una práctica que ya se aplicaba de forma habitual contra activistas y críticos del gobierno, prohibiéndoles salir o entrar a Cuba.
Se oficializa la eliminación del requisito que limitaba a 24 meses la estancia en el exterior para mantener la residencia en la isla, una medida que ya estaba suspendida desde la pandemia de COVID-19. No obstante, las autoridades mantienen distinciones legales entre cubanos con residencia permanente en la isla y aquellos que no la tienen.
La nueva ley no aborda los derechos políticos de los cubanos en el exterior —quienes, por ejemplo, no pueden votar— pero una versión anterior fue enmendada para precisar que sí podrán disfrutar de derechos de propiedad en la isla.
En resumen, la revisión de 2024 introduce cambios importantes para fomentar la inversión y flexibilizar la estancia en el exterior, pero mantiene restricciones significativas que han sido criticadas por la comunidad cubanoamericana y organizaciones de derechos humanos.
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