La congresista por Miami, María Elvira Salazar, calificó este domingo la más reciente restricción migratoria de la administración Trump como «antiestadounidense», en una declaración mordaz. La medida, emitida la semana pasada, ordena una pausa en todas las solicitudes de inmigración para nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados de «alto riesgo».
La nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afecta todo, desde solicitudes de tarjeta verde (green card) hasta ceremonias de ciudadanía para individuos de los 19 países. La política también pausó todas las solicitudes de asilo pendientes, sin importar el país de origen del solicitante.
«Congelar los procesos de asilo, tarjeta verde y ciudadanía no es la respuesta. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que siguieron cada paso del proceso legal», dijo Salazar. «Eso es injusto, antiestadounidense, y va en contra de todo lo que este país representa».
Salazar, una de las pocas cubanoamericanas en el Congreso, argumentó que la nueva política equivale a un «castigo colectivo» de «los inocentes por los pecados de los culpables».
La declaración de Salazar fue más crítica con la administración Trump que el comunicado conjunto emitido por los otros dos congresistas republicanos de Miami, los representantes Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.
En su declaración, los legisladores cubanoamericanos culparon al expresidente Joe Biden por el cambio en la política migratoria, describiéndolo como consecuencia del «abandono temerario de la seguridad fronteriza y su fracaso sistemático en verificar adecuadamente a casi 10 millones de personas» por parte de su administración.
Díaz-Balart y Giménez calificaron los esfuerzos migratorios de Trump como parte de «proteger la seguridad nacional restaurando el orden, haciendo cumplir el estado de derecho y fortaleciendo la verificación».
La nueva política del DHS ha creado ansiedad en el sur de Florida, hogar de muchos inmigrantes de América Latina y el Caribe que ya enfrentaban retrasos de años para entrevistas de asilo, tarjetas verdes y ceremonias de naturalización.
Más de un millón de personas de Cuba, Venezuela y Haití perdieron protecciones legales cuando el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la parole humanitaria establecidos bajo la administración Biden terminaron a principios de este año. Muchos han buscado permanecer en EE.UU. solicitando asilo o, en el caso de los cubanos, ajustando su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Inmigrantes del sur de Florida de Cuba, Haití y Venezuela que esperaban convertirse en ciudadanos estadounidenses esta semana se enteraron de que sus ceremonias de naturalización habían sido canceladas tras el anuncio, según múltiples abogados de inmigración.
Con el anuncio reciente, todos se encuentran una vez más en un limbo legal, esperando claridad sobre su futuro en los Estados Unidos mientras las políticas migratorias siguen siendo un campo de batalla político.
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