El presidente Donald Trump ha despedido a numerosos designados demócratas en juntas y comisiones federales independientes, pero un grupo resiste afirmando que los despidos son ilegales. Las leyes que rigen estos cargos exigen causa justificada para su remoción, algo que la administración ha ignorado.
Los funcionarios resisten mediante maniobras legales y apoyo colegial. La CPB modificó sus estatutos tras los despidos de abril, mientras Garza solicitó una votación de sus pares que nunca ocurrió. «Nuestros estatutos prohíben que cualquier persona, incluido el Presidente, remueva a un director sin el voto de dos tercios», declaró Ruby Calvert, presidenta de la CPB.
El portavoz Harrison Fields justificó los despidos argumentando que la CPB crea «contenido mediático para apoyar a un partido político con fondos públicos». La administración ha bloqueado físicamente a funcionarios como Alvaro Bedoya y Rebecca Slaughter de la FTC, revocando sus accesos y salarios.
La Corte Suprema ha señalado que probablemente ampliará los poderes presidenciales para despedir miembros de agencias reguladoras, lo que podría decidir esta batalla. Mientras tanto, los casos pendientes podrían redefinir los límites constitucionales de la independencia de las agencias federales.
«Es un combate de sombras en este punto. Todos están tanteando el terreno», analizó Don Kettl, experto en políticas públicas.
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