E.M., un venezolano de 29 años, y su novia Daniela Palma, huyeron de la persecución política en Venezuela en 2021. Tras dos años en Colombia trabajando en empleos informales, obtuvieron estatus de refugiados para entrar a EE.UU. en enero de 2023. Pero al llegar a Houston, todo cambió.
Las autoridades migratorias estadounidenses vincularon sus tatuajes —un balón de fútbol, una palmera y una corona— con la Tren de Aragua, aunque no tenía antecedentes penales. Pese a haber sido aprobado como refugiado tras 17 meses de verificaciones, fue detenido y deportado el 15 de marzo a El Salvador junto a 236 venezolanos.
«Es injusto criminalizar a todo venezolano. Un tatuaje o nacer en Aragua no te hace pandillero» — Daniela Palma
E.M. fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión salvadoreña donde cientos comparten celdas sin colchones y con historial de violaciones a derechos humanos. Su familia confirmó su ubicación tras aparecer en una lista filtrada a CBS News.
Jerce Reyes, futbolista venezolano torturado por el régimen de Maduro, fue deportado a El Salvador pese a no tener vínculos con pandillas. Su abogada denunció que «lo trataron como criminal sin pruebas».
Organizaciones de derechos humanos exigen transparencia, mientras familias claman por justicia en un limbo legal donde los tatuajes valen más que los derechos.
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