El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida que expertos en derecho constitucional consideran un «estira y afloja» con los límites legales del uso militar en suelo estadounidense.
Trump justificó la movilización citando una disposición legal que permite usar la Guardia Nacional para suprimir «peligro de rebelión» cuando fuerzas regulares son incapaces de ejecutar leyes federales. Sin embargo, académicos como Chris Mirasolo (Universidad de Houston) señalan que la base parece «pretextual o motivada más por política que por necesidad real».
«Esto es sobre tendencias autoritarias. Esto es sobre control. Esto es sobre poder. Esto es sobre ego» – Gobernador Gavin Newsom
El gobernador de California calificó el despliegue como «ilegal» y anunció una demanda, respaldado por gobernadores demócratas que firmaron una carta denunciando «abuso de poder alarmante». Expertos como Rosa Brooks (Georgetown) advierten: «Enviar tropas en esta situación es un truco político peligroso».
Trump alimentó temores de escalada al tuitear: «¡TRAIGAN A LAS TROPAS!» y calificar manifestantes de «insurrectos», aunque luego negó que la violencia constituyera insurrección.
La demanda prometida por California planteará un examen judicial sobre los límites del poder ejecutivo, en lo que Elizabeth Goitein (Centro Brennan) describe como «situación peligrosa para la democracia y la libertad».
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