Un abogado venezolano se convirtió en informante confidencial de EE.UU. y ahora denuncia que fue traicionado por el gobierno
Hace una década, Pedro Binaggia disfrutaba de una vida acomodada como abogado venezolano atendiendo a clientes de banca de alto nivel en Sudamérica. Pero todo cambió cuando un grupo de empresarios venezolanos le pidió invertir decenas de millones de dólares en operaciones de cambio de divisas, solo para luego ordenarle retener los fondos y enviarlos a terceros. Sospechando que estaba en medio de un esquema de lavado de dinero, Binaggia comenzó a grabar en secreto sus reuniones a finales de 2015.
Pocos meses después, con el respaldo de un importante bufete de Miami, se presentó en la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el sur de Florida, denunció al grupo y se convirtió en informante confidencial del gobierno federal. Según declaró a la prensa, no obtuvo inmunidad ni garantías, pero confió en que sus manejadores cumplirían su promesa de “cuidar de él y su familia”.
Ocho años de trabajo encubierto
Binaggia participó en aproximadamente 100 reuniones grabadas con sospechosos de alta finanzas en América Latina y otras partes del mundo. Las grabaciones, junto con documentos financieros, llevaron a la acusación de una docena de venezolanos en un caso de corrupción por $1.200 millones que exponía el saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Desde que el caso “Operation Money Flight” fue presentado en 2018, seis acusados se han declarado culpables y han devuelto unos $90 millones al gobierno de EE.UU. Seis más siguen prófugos, incluido el magnate de la televisión caraqueña Raúl Gorrín, cercano a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Binaggia entregó $45,6 millones de los fondos ilícitos que estaban en sus cuentas fiduciarias en Suiza y Bahamas, negándose a transferirlos a los venezolanos. Agentes de HSI y fiscales de la Oficina del Fiscal Federal en Miami le aseguraron repetidamente —según él y sus abogados— que sería compensado con parte del dinero recuperado y con tarjetas de residencia permanente (green cards) para él y su familia. Pero nunca cumplieron.
La promesa incumplida que llevó a la denuncia
Binaggia, de 56 años, y sus abogados de Baker McKenzie aseguran que “consideran todas las opciones legales”, incluyendo una posible demanda para obtener compensación financiera y visas. En un comunicado, sus abogados calificaron su historia como “no solo de servicio público extraordinario, sino también de traición extraordinaria”.
Por su parte, HSI y la Fiscalía de Miami declinaron comentar sobre el trabajo encubierto de Binaggia o confirmar su existencia como informante. En una carta de 2018, el fiscal adjunto Frank Maderal escribió que Binaggia “se acercó voluntariamente a Estados Unidos en la primavera de 2016 deseando cooperar” y que “nunca ha solicitado ni recibido inmunidad”. Incluso fiscales posteriores, como Michael Nadler, lo consideraron un “testigo clave”. Sin embargo, los últimos fiscales, Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden, propusieron en 2023 que firmara una carta Kastigar que solo le otorgaba inmunidad parcial, lo que Binaggia rechazó.
Detalles del esquema de lavado
Según una declaración jurada de HSI, los fondos robados de PDVSA entre 2014 y 2017 se distribuyeron así:
- $272,5 millones fueron a Raúl Gorrín, quien mantuvo $72,5 millones para sí y envió $200 millones a un banco maltés a favor de los tres hijastros de Nicolás Maduro.
- $272,5 millones fueron a Francisco Convit Guruceaga y un socio no acusado. De allí, $94 millones se asignaron a Binaggia como parte de una operación encubierta de HSI para probar si los acusados estaban dispuestos a lavar dinero.
- Binaggia redistribuyó $20 millones a otros involucrados, entre ellos el exasesor legal del Ministerio de Petróleo, Carmelo Urdaneta Aqui, y el exdirector financiero de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable.
Hasta la fecha, las autoridades han confiscado $49 millones de Urdaneta, incluyendo un condominio en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.
El costo personal y la lucha por la justicia
Binaggia vive ahora en Europa, tras mudarse en 2024 cuando sus visas expiraron. No puede ejercer la abogacía en Venezuela ni en ningún lugar porque su reputación quedó destruida tras ser revelado como fuente de los federales. “El problema es que mi vida ha sido destruida por Google”, afirmó. Su familia corre peligro de represalias. A pesar de todo, Binaggia y sus abogados “siguen esperando” que el Departamento de Justicia “haga lo correcto y cumpla sus promesas”.
Para expertos como Stephen Kohn, abogado de denunciantes, “pagar grandes recompensas a los denunciantes es el factor más importante para motivar a otros a denunciar crímenes”. Pero advierte que Binaggia debe cumplir con los requisitos técnicos para obtener compensación. “El gobierno no paga fácilmente a menos que el denunciante siga los procedimientos adecuados”, dijo.