El juez federal John J. McConnell, Jr., del Tribunal de Distrito de Rhode Island, emitió este viernes una orden que levanta la congelación de las solicitudes de inmigración de más de un millón de ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela. La decisión anula varias políticas implementadas por la administración Trump entre finales de 2025 y principios de 2026, calificándolas como un abuso de autoridad y un pretexto basado en sentimientos antiinmigrantes.
“Estas políticas colocaron las vidas de innumerables personas en un limbo — únicamente por su país de origen”, escribió el juez, designado por el presidente Barack Obama. La medida afecta directamente a residentes del sur de Florida, donde muchos cubanos, haitianos y venezolanos han visto sus trámites paralizados durante meses.
El juez McConnell declaró ilegales varias directrices emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) a través de tres memorandos. Entre ellas se encuentran:
Estas políticas afectaban permisos de trabajo, tarjetas de residencia por motivos familiares, visas de empleo, ciudadanía y otros trámites. Según un informe del Instituto Cato de marzo de 2026, se estimaba que 1.2 millones de solicitudes de estas tres nacionalidades estaban congeladas.
Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, calificó la decisión como “una afirmación poderosa de un principio simple pero fundamental: la ley debe aplicarse por igual a todos”. Señaló que la focalización en ciertos países, muchos de mayoría negra, constituye “una discriminación flagrante basada en la xenofobia y el racismo”.
Por su parte, Jorge Loweree, director de programas y estrategia del American Immigration Council, consideró la noticia como “maravillosa para muchas personas que han estado atrapadas en un limbo durante meses”. Loweree describió el enfoque de la administración Trump como “una estrategia de arena en los engranajes”.
“Este caso es un ejemplo perfecto de personas que siguieron la ley: presentaron la documentación, pagaron las tarifas, se sometieron a la recolección de datos biométricos y asistieron a las entrevistas. Aun así, siguieron esperando.” – Juez John J. McConnell, Jr.
En su fallo, el juez hizo referencia a declaraciones racistas del presidente Trump y de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Un día antes de la congelación de beneficios, Noem publicó en redes sociales que recomendaba “una prohibición total de viajes para todos los países que han inundado nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios”. El juez señaló que ignorar estas pruebas requeriría “una ingenuidad profunda” por parte del tribunal.
La administración Trump podría solicitar una suspensión de la orden ante un tribunal de apelaciones o pedir una intervención urgente a la Corte Suprema. Además, recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, han generado alarma al no garantizar que el DHS acataría las órdenes judiciales, evaluando si estas son “políticamente motivadas”.
La demanda fue presentada por organizaciones sin fines de lucro y sindicatos, incluyendo el Instituto Internacional Dorcas de Rhode Island, la Asociación Venezolana de Massachusetts y el Sindicato de Empleados de Servicios (SEIU), que representan a miles de afectados, entre ellos un investigador postdoctoral en ingeniería biomédica, un médico haitiano especializado en cirugía de trauma y un estudiante universitario sudanés.
El fallo representa un respiro para miles de inmigrantes que ahora podrán retomar sus trámites y planificar su futuro sin la amenaza del limbo legal.
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