El congresista republicano de Florida, Brian Mast, aseguró que el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los haitianos en Estados Unidos ha diezmado a la Policía Nacional de Haití, debilitando la lucha contra las pandillas terroristas. Sin embargo, fuentes oficiales dentro del país caribeño matizan estas afirmaciones.
Durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes la semana pasada, Mast, quien preside el comité, declaró que la migración haitiana hacia EE.UU. “ha permitido que las pandillas tomen el control de áreas como Puerto Príncipe”. En sus palabras, el TPS “diezmó a la fuerza policial, y esa es en parte la razón por la que no estaban allí para apoyar” a la fuerza internacional liderada por Kenia contra las pandillas.
Mast añadió que la policía tuvo que empezar a exigir a los agentes que recogieran sus cheques en persona porque “muchos de ellos vinieron a Estados Unidos y siguieron cobrando sus depósitos directos, por lo que no había policías para hacer el trabajo”.
La versión de las autoridades haitianas
Un alto oficial de la policía haitiana, que habló bajo condición de anonimato, explicó que la orden de presentarse personalmente para recibir el pago no estaba relacionada con el TPS, sino con la distribución de una nueva tarjeta de débito. “Fue una medida general”, señaló. La disposición, implementada cuando las últimas fuerzas kenianas abandonaron Haití en marzo, buscaba confirmar que los agentes seguían en servicio activo. Como resultado, se detectó que unos 2.000 policías ya no se reportaban a sus puestos. No obstante, las autoridades advierten que esa cifra no implica que todos estuvieran involucrados en la lucha antigubernamental, ni explica por completo la incapacidad de la policía para enfrentar a las pandillas.
La cruda realidad sobre el terreno
Las pandillas controlan grandes extensiones de la región Oeste de Haití, incluida Puerto Príncipe, y han expandido su influencia hacia Bajo Artibonite, la Meseta Central y el sureste. Sus ataques han desplazado a casi 1,5 millones de haitianos. Mientras tanto, la policía haitiana nunca ha alcanzado los números recomendados. El coronel Justin Gorkowski, del Departamento de Defensa, señaló en la misma audiencia que una fuerza de seguridad adecuada para Haití necesitaría más de 30.000 efectivos. La policía nunca ha tenido esa cantidad; incluso en 2017, al final de la misión de la ONU, contaba con solo 14.000 agentes.
Actualmente, se estima que apenas 6.000 policías se presentan regularmente a trabajar, y solo unos 400 realizan la mayor parte de los combates más intensos contra las pandillas, según Henry Wooster, el principal diplomático estadounidense en Puerto Príncipe. “Esa lucha se hace puerta a puerta, casa por casa, y la llevan a cabo los mismos 400 policías una y otra vez”, declaró Wooster, quien añadió que estos agentes pertenecen a unidades antigangas especializadas apoyadas por Estados Unidos y Francia.
El alto costo humano
El desgaste de la fuerza es enorme: entre junio de 2025 y junio de 2026, se registraron ocho ataques armados contra infraestructura policial, y 45 policías haitianos murieron el año pasado, 21 de ellos en enfrentamientos con bandas armadas, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Muchos agentes que luchan contra las pandillas son ellos mismos desplazados y duermen en comisarías en malas condiciones.
¿Problema policial o militar?
Wooster insistió en que Haití enfrenta “un problema militar, no policial”. Los agentes no fueron entrenados para ser soldados ni fuerzas antiterroristas. Por ello, la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y apoyada por EE.UU., utilizará soldados para realizar operaciones ofensivas independientes, con la misión de “neutralizar, aislar y disuadir”.
Como parte de los esfuerzos, Estados Unidos respalda un programa acelerado de reclutamiento y capacitación para graduar a 4.000 nuevos policías haitianos. Wooster indicó que ya se ha alcanzado más de la mitad de esa meta y que el Congreso levantó restricciones de décadas para cooperar con las fuerzas armadas de Haití, cuyo gobierno prioriza su reconstrucción.