El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para 2025, publicado esta semana, documenta de manera exhaustiva la represión sistemática en Venezuela tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024. Con 165 páginas, el reporte concluye que el gobierno de Nicolás Maduro ha perpetrado actos que constituyen crímenes contra la humanidad, diseñados para aniquilar a la oposición.
El informe detalla 243 detenciones arbitrarias entre finales de julio y diciembre de 2024, y otras 200 entre enero y agosto de 2025. Víctimas como el activista opositor Jesús Armas, secuestrado en diciembre de 2024 por hombres encapuchados, ejemplifican el modus operandi: arrestos sin orden judicial en vehículos sin placas. «La detención arbitraria no es un accidente, sino una estrategia sistemática», señala el reporte.
Los procedimientos judiciales carecen de transparencia. Por ejemplo, la periodista Carlos Correa fue detenido el 7 de enero de 2025 y acusado de terrorismo sin explicaciones. Las audiencias se realizan en centros de detención, a veces por llamadas de audio de WhatsApp, y se niega el acceso a abogados privados, como en el caso de Nélida Sánchez.
La ONU registró casos extremos de confinamiento solitario, prohibido por el derecho internacional. Josnars Baduel estuvo incomunicado 112 días en la prisión Rodeo 1. En Tocorón, el detenido Lindomar Bustamante se suicidó tras 15 días de aislamiento, vinculado directamente a esta práctica.
El informe enfatiza la detención de familiares de opositores, como Rafael Tudares Bracho, yerno del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, secuestrado en enero de 2025. Además, se documentaron 220 casos de niños detenidos, muchos acusados de terrorismo, lo que constituye trato cruel e inhumano.
Las familias de detenidos fueron extorsionadas, con pagos de hasta $10,000 para evitar arrestos. En algunos casos, se exigieron favores sexuales a cambio de mejoras en las condiciones o la liberación.
La misión de la ONU confirma al menos 30 muertes vinculadas a la represión postelectoral. «Estos no son casos aislados, sino parte de un plan deliberado», concluye el reporte, subrayando que la maquinaria represiva busca sembrar el miedo en la sociedad venezolana.
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