El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que afecta a cientos de miles de inmigrantes haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS). En una decisión de 6-3, los jueces determinaron que la decisión de la administración Trump de finalizar el TPS para Haití no está sujeta a revisión judicial. Sin embargo, la lucha legal no ha terminado: el reclamo constitucional por discriminación racial sigue vigente.
Los abogados de los inmigrantes haitianos argumentan que la decisión de terminar el TPS estuvo motivada por discriminación racial, violando la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. En un informe conjunto presentado el 10 de julio ante el tribunal federal de Washington, tanto los demandantes como el gobierno coincidieron en que “los haitianos con TPS todavía tienen un reclamo constitucional vivo, incluso después de la decisión de la Corte Suprema”.
La jueza federal Ana Reyes, designada por Biden, había suspendido previamente la orden de la administración Trump, pero la Corte Suprema revocó esa medida. La suspensión de Reyes finalizará el lunes 27 de julio, después de que un tribunal de apelaciones rechazara el plan del gobierno para detener el TPS el viernes 24 de julio.
Durante su campaña presidencial en 2024, Donald Trump afirmó falsamente que los inmigrantes haitianos en Ohio se comían las mascotas y calificó a Haití como un país de “mierda”. Por su parte, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refirió a los haitianos como “sanguijuelas” tras anunciar el fin del TPS. A pesar de estas declaraciones, los seis jueces conservadores de la Corte Suprema consideraron que no eran declaraciones “abiertamente raciales”.
“Las declaraciones gritan, en sus matices y sobretonos raciales, que la raza entró en la determinación del presidente de eliminar a los haitianos de este país”, escribió la jueza Elena Kagan en su opinión disidente, a la que se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
El abogado Geoffrey Pipoly, que representó a los haitianos ante la Corte Suprema, calificó la decisión como sorprendente: “La mayoría se puso una venda en los ojos ante la evidencia”.
Los inmigrantes haitianos, de los cuales aproximadamente un tercio vive en Florida, ahora enfrentan la posibilidad de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Corte Suprema permite que la administración Trump retire las protecciones a unos 350,000 haitianos y a miles de sirios.
A pesar del fallo, el caso constitucional continúa en el tribunal federal de Washington. Los abogados planean presentar una demanda enmendada antes del 31 de julio, centrándose exclusivamente en el reclamo de discriminación racial. La jueza Reyes había concluido inicialmente que era “sustancialmente probable” que Noem hubiera predeterminado su decisión debido a la “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”.
El TPS fue designado para Haití por la administración Obama en enero de 2010 tras un terremoto que mató a 316,000 personas. La administración Trump puso fin al TPS para Haití en febrero de 2025, argumentando que las condiciones eran seguras, a pesar de la violencia extrema, el hambre generalizada y la inestabilidad política en el país caribeño. La ONU estima que hasta el 90% de Puerto Príncipe está controlado por pandillas y que la violencia ha matado a más de 2,300 personas desde principios de año.
El fallo de la Corte Suprema, escrito por el juez Samuel Alito, sostiene que la ley de TPS prohíbe la revisión judicial de las decisiones del secretario de Seguridad Nacional, excepto cuando se trata de reclamos constitucionales. Aunque Alito calificó de “poco probable” que el reclamo constitucional tuviera éxito, la batalla legal sigue abierta.
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