Seis meses después de que Estados Unidos removiera a Nicolás Maduro del poder, organizaciones de derechos humanos declararon ante el Congreso este miércoles que el régimen represivo de Venezuela permanece en gran parte intacto. Muchos funcionarios implicados en presuntos crímenes de lesa humanidad aún ocupan altos cargos y cientos de presos políticos continúan tras las rejas.
Ante la Comisión Bipartidista Tom Lantos de Derechos Humanos, los testigos afirmaron que la transición ha generado aperturas limitadas, pero advirtieron que instituciones clave de represión —como el poder judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad— aún no han experimentado reformas significativas.
Los legisladores aprovecharon la audiencia para examinar la transición política tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, la respuesta humanitaria a los devastadores terremotos del 24 de junio y la estrategia de la administración Trump hacia la nación sudamericana.
El representante republicano de Nueva Jersey Chris Smith, copresidente de la comisión, reconoció un creciente optimismo entre los venezolanos, citando encuestas que muestran que el 92% de los encuestados expresó gratitud al presidente Donald Trump por sus acciones y que el 72% cree que Venezuela avanza en la dirección correcta. Sin embargo, cuestionó si el aparato de seguridad —que según dijo cometió torturas, asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos bajo Maduro— ha sido realmente desmantelado.
“Espero que aquellos que han cometido esos crímenes rindan cuentas”, dijo Smith, trazando paralelismos con la Bosnia de posguerra, donde los perpetradores de atrocidades continuaron sirviendo en las fuerzas policiales después del conflicto. También instó a no olvidar a los presos políticos que aún están detenidos.
Los testigos respondieron que los cambios de personal dentro del gobierno han hecho poco para alterar la estructura de poder subyacente.
Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, señaló: “Ha habido cambios dentro de la misma estructura de poder, pero esos cambios no han significado una transformación real del poder”. Mencionó el traslado del exministro de Defensa Vladimir Padrino López a otro cargo en el gabinete, mientras que altos funcionarios identificados por una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU —incluidos miembros de la contrainteligencia militar— permanecen en puestos de autoridad. “Estos cambios deben ser reales y transformadores, no solo cosméticos”, agregó.
Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina en Robert F. Kennedy Human Rights, argumentó que el sistema autoritario de Venezuela sigue funcionando a pesar de la salida de Maduro. “Este es un régimen que vive en un mundo de apariencias”, dijo a los legisladores. “Están reciclando personas y cambiando sus roles”. Aseguró que muchos funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad permanecen dentro de la cadena de mando y advirtió que no hay “perspectivas de justicia” mientras las instituciones actuales permanezcan intactas.
Dib señaló que Diosdado Cabello —cuyo ministerio supervisa las fuerzas de seguridad internas de Venezuela y ha sido vinculado por grupos de derechos humanos con detenciones arbitrarias y persecución política, y por el Departamento de Justicia de EE.UU. con tráfico de drogas— continúa como ministro del Interior, mientras que otros funcionarios identificados por investigadores de la ONU siguen en altos cargos. calificó los cambios de personal como “cosméticos” en lugar de evidencia de una transición democrática genuina.
Roby dijo que el poder judicial de Venezuela sigue operando como un instrumento de represión política en lugar de un poder independiente, impidiendo que las víctimas de tortura, detención arbitraria y desaparición forzada obtengan justicia a través de los tribunales. Destacó que los esfuerzos de rendición de cuentas internacionales, incluida la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, siguen siendo esenciales.
A pesar de las preocupaciones, los testigos reconocieron que se ha logrado algún progreso desde enero.
Martha Tineo, cofundadora de la organización venezolana de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón, testificó desde Caracas que su organización ha verificado la liberación de 795 presos políticos. Sin embargo, dijo que solo una minoría obtuvo la libertad plena bajo la reciente ley de amnistía, mientras que la mayoría sigue sujeta a restricciones judiciales y al menos 518 personas continúan encarceladas por razones políticas.
“Las listas oficiales de beneficiarios no se han proporcionado”, dijo Tineo, agregando que la verificación independiente sigue siendo difícil. Instó al Congreso a apoyar tres prioridades: la liberación incondicional de todos los presos políticos restantes, la derogación de las leyes que restringen a la sociedad civil y el desmantelamiento de lo que describió como el aparato estatal de persecución política.
Los legisladores también preguntaron a los testigos sobre la líder opositora María Corina Machado, cuyos derechos políticos han sido restringidos por las autoridades venezolanas. Smith la describió como “una fuerza muy, muy poderosa” y preguntó si su regreso a Venezuela impulsaría la transición democrática. Los testigos coincidieron en que Machado, como todos los venezolanos, debería poder regresar libremente y participar en política sin restricciones. “Como ciudadana, no debería haber una restricción para su regreso y participación política”, afirmó Dib.
La audiencia dedicó considerable atención al papel de la sociedad civil tras los terremotos del 24 de junio, que según cifras oficiales citadas durante la audiencia mataron a más de 4.500 personas e hirieron a más de 16.000. Los testigos argumentaron que el desastre expuso años de deterioro institucional, dejando a hospitales, servicios de emergencia e infraestructura pública mal preparados para uno de los peores desastres naturales del país en décadas. Al mismo tiempo, elogiaron a organizaciones locales, iglesias y voluntarios por liderar gran parte de la respuesta humanitaria a pesar de operar con recursos limitados y bajo condiciones legales cada vez más restrictivas.
Varios oradores instaron al Congreso a garantizar que los esfuerzos de reconstrucción fortalezcan las instituciones democráticas junto con la infraestructura física. Dib dijo que la recuperación de Venezuela requiere reconstruir el estado de derecho, restaurar la independencia judicial y proteger el espacio cívico. Presentó a los legisladores lo que llamó un “Termómetro de Justicia”, un conjunto de indicadores desarrollados por más de 20 organizaciones para medir el progreso en reforma judicial, libertades civiles, rendición de cuentas y cambio institucional.
El tráfico humano también ocupó un lugar destacado durante la audiencia. Smith, autor de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata, señaló que Venezuela ha permanecido en la lista de Nivel 3 del Departamento de Estado de EE.UU. —la calificación más baja por esfuerzos antitrata— desde 2014. Señaló la explotación sexual generalizada, el trabajo forzoso y los abusos vinculados a operaciones mineras ilegales. Los testigos dijeron que la trata ha empeorado debido a la crisis humanitaria y la migración masiva de Venezuela, e instaron tanto a Caracas como a Washington a fortalecer las protecciones para mujeres y niños, asegurando que las políticas estadounidenses no beneficien inadvertidamente a las redes criminales que operan en las regiones mineras del país.
No todos los testimonios pintaron un panorama sombrío. Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas de la Heritage Foundation, argumentó que la campaña de presión de la administración Trump ya había producido avances significativos, incluida la liberación de presos políticos, la salida del personal de seguridad cubano que apoyaba al gobierno de Maduro y señales de recuperación económica. Dijo que la transición de Venezuela debería centrarse no solo en reformas democráticas sino también en la estabilización económica, señalando que años de pobreza y colapso económico fueron una de las principales razones por las que millones de venezolanos huyeron del país.
Sin embargo, el mensaje dominante de la audiencia fue que la remoción de Maduro no ha desmantelado por sí misma el sistema autoritario que sostenía su gobierno. Los testigos instaron repetidamente al Congreso a utilizar la influencia de EE.UU. para presionar por reformas medibles, que incluyan independencia judicial, garantías electorales, libertad para todos los presos políticos y rendición de cuentas para los responsables de años de represión.
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