Este jueves, el gobierno interino de Venezuela anunció la liberación de “un grupo importante” de prisioneros políticos, tanto venezolanos como extranjeros. El objetivo declarado es garantizar la unidad y la paz en el país, según informó Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la nueva presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.
La medida se produce tres días después de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Este evento siguió a la incursión militar de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado sábado por la mañana, que culminó con la captura del gobernante socialista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Jorge Rodríguez, quien también representó durante años al ahora depuesto Maduro en negociaciones políticas, evitó referirse a los liberados como “presos políticos” y aseguró que las liberaciones se estaban llevando a cabo simultáneamente a su anuncio, realizado al mediodía del jueves.
Rodríguez agradeció, en ocasiones con la voz entrecortada, la mediación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el gobierno de Qatar, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y las instituciones del Estado venezolano que respondieron “de manera pronta” a la orden de su hermana.
“Consideren este gesto del gobierno de amplia intención en busca de la paz como la contribución que todos debemos hacer para que nuestra república continúe su vida pacífica y en busca de la prosperidad”, añadió Rodríguez.
Según la asociación civil Foro Penal, al momento del anuncio existían más de 860 detenidos políticos en Venezuela. La directora de la organización declaró minutos después del anuncio: “Verificaremos cada liberación. Ya sabemos de algunas personas en camino a la libertad, incluidos extranjeros”.
Organizaciones de la sociedad civil mostraron escepticismo ante el anuncio. Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, señaló horas antes que en cárceles como El Helicoide, El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón los detenidos han sido sometidos a “tortura” y “trato cruel, inhumano y degradante”.
“El cierre de un centro de detención no es suficiente para proporcionar una ‘sensación’ de justicia”, declaró el grupo. “Es necesario liberar plenamente a todos los privados de libertad por razones políticas y castigar a los responsables de estos abusos”.
No está claro cuántos extranjeros están detenidos en las cárceles venezolanas. En septiembre del año pasado, la experta argentina de la Misión Independiente de la ONU, Patricia Tappatá, dijo que la agencia había investigado la detención en el último año de entre 120 y 150 extranjeros.
Estados Unidos mantiene una alerta activa para que sus ciudadanos no viajen a Venezuela y salgan del territorio lo antes posible si ya se encuentran allí. El Departamento de Estado estadounidense describe la situación como “inestable” y advierte sobre el riesgo de arresto y tortura.
El periodista y expreso político venezolano Luis Carlos Díaz, escéptico ante el anuncio, instó al público a prepararse porque “seguiremos protestando, exigiendo y documentando abusos”. “Los queremos a todos libres, sin condiciones, sin someterlos a medidas cautelares, sin amenazas para que no testifiquen o exijan justicia”.
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