El cuarto poder, en tensión: cuando la libertad se confunde con licencia

Por Isabela Figueroa

La reacción de buena parte del periodismo frente al cierre transitorio de la sala de prensa en Casa de Gobierno merece una revisión menos automática y más honesta. Porque esta vez, el conflicto no nace de una decisión caprichosa del poder político, sino de una conducta puntual que vulneró reglas básicas del propio oficio.

Las imágenes difundidas por el periodista Ignacio Salerno en Todo Noticias, dentro del programa conducido por Luciana Geuna, no mostraron escenas sensibles ni comprometedoras. No hubo revelaciones de interés público sustantivo ni pruebas de irregularidades graves. Sin embargo, eso no es lo central. El problema no fue el contenido, sino el método.

El uso de una cámara oculta dentro de un ámbito donde el periodista accede gracias a una acreditación oficial no es un detalle menor: implica quebrar un acuerdo implícito de confianza. La acreditación no es un privilegio discrecional, pero tampoco es un cheque en blanco. Es una herramienta profesional que se otorga bajo normas claras, con el compromiso de respetar protocolos que, en este caso, están directamente ligados a la seguridad presidencial.

Cuando ese acuerdo se rompe, lo que se pone en discusión no es solo la conducta individual, sino la responsabilidad colectiva del periodismo. Defender sin matices cualquier práctica bajo el paraguas de la “libertad de prensa” puede terminar debilitando esa misma libertad.

La seguridad presidencial no es negociable

Otro dato que no debería pasarse por alto es el rol de la Casa Militar. Si, como se indica, fue este organismo el que sugirió o impulsó el cierre temporal de la sala de prensa, la medida se inscribe dentro de sus facultades específicas: garantizar la integridad del presidente.

Las Fuerzas Armadas argentinas —y por extensión los organismos vinculados a la seguridad presidencial— dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del Presidente como comandante en jefe. En ese marco, cualquier recomendación de refuerzo de protocolos debe leerse como parte de una lógica institucional orientada a prevenir riesgos, más que como una decisión política dirigida a restringir el trabajo periodístico.

Un antecedente reciente: control sin cierre

Durante la gestión de Alberto Fernández, la relación con la prensa atravesó tensiones, especialmente bajo la vocería de Gabriela Cerruti. Hubo críticas por el formato de conferencias, la selección de preguntas y la centralización de la comunicación. Pero incluso en ese contexto, las restricciones se movieron dentro de los márgenes del control político del mensaje, no de la seguridad física.

Hoy el eje es distinto. No se trata de qué se pregunta o quién pregunta, sino de cómo se accede y bajo qué condiciones.

El límite necesario

El periodismo tiene una función irremplazable en la democracia. Pero también tiene límites, no impuestos desde afuera, sino construidos desde su propia ética profesional. Cuando esos límites se cruzan sin un fin proporcionalmente relevante, el costo no lo paga solo un periodista: lo paga la credibilidad del sistema en su conjunto.

El cierre de la sala de prensa puede ser una medida discutible en su alcance o duración. Pero reducirlo a un ataque a la libertad de expresión sin considerar el hecho que lo motivó es, cuanto menos, una simplificación conveniente.

La pregunta de fondo no es si el gobierno avanzó demasiado. Es si el periodismo, esta vez, no fue el primero en cruzar la línea.