La Corte Suprema de EE.UU. allanó el camino para que la administración Trump elimine las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que ya se encuentran en el país.
Los jueces concedieron una solicitud de emergencia de la administración Trump para bloquear la orden del juez de distrito de California del Norte, Edward Chen, quien había restaurado una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela hasta octubre de 2026, establecida durante la era Biden.
El tribunal señaló en un fallo de 300 palabras: «Aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí».
La orden del viernes provocó miedo y angustia entre los 605,000 venezolanos que viven en Estados Unidos bajo TPS. Muchos beneficiarios tienen procedimientos de asilo en curso porque huyeron de la persecución política y represión en Venezuela.
Cecilia González Herrera, una de las demandantes venezolanas, declaró: «Es desgarrador que la Corte Suprema haya avalado la cancelación ilegal del TPS. Esta decisión trastornará las vidas de cientos de miles de titulares de TPS como yo».
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión como una «gran victoria legal», argumentando que el TPS siempre debió ser temporal.
La administración Biden otorgó el TPS a Venezuela en 2021 debido a una «emergencia humanitaria severa». En 2023, el presidente Biden amplió las protecciones, y antes de dejar el cargo en enero, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, extendió el TPS hasta octubre de 2026.
Sin embargo, la sucesora designada por Trump, Kristi Noem, eliminó la extensión, lo que desencadenó litigios. Los jueces Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan disintieron, criticando la decisión como «un uso grave de nuestro registro de emergencia».
Familias como la de Marialejandra Lozada expresaron su angustia: «No somos estadísticas; somos seres humanos que merecemos la oportunidad de vivir sin miedo». Abogados como Ahilan Arulanantham calificaron el fallo como «políticamente motivado».
¿Qué sigue? La comunidad venezolana y sus aliados continúan luchando por sus derechos mientras el sistema judicial define el futuro de estas protecciones.
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