La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó este miércoles los argumentos en un caso que podría redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía americana. Los magistrados evalúan el esfuerzo del presidente Donald Trump por poner fin a la ciudadanía por nacimiento para algunos niños nacidos en suelo estadounidense, una medida que los críticos advierten podría trastocar generaciones de derecho constitucional y protecciones de derechos civiles.
El caso, Trump v. Barbara, se centra en si el presidente puede reinterpretar la Decimocuarta Enmienda para negar la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes legales. De ser respaldada, la política marcaría uno de los cambios más radicales en la ley de inmigración estadounidense en la historia moderna.
En el Sur de Florida, hogar de una de las mayores poblaciones inmigrantes del país, la decisión de la corte podría tener consecuencias inmediatas y de gran alcance. La región incluye cientos de miles de familias con estatus migratorio mixto, así como grandes comunidades de América Latina y el Caribe donde el estatus migratorio puede ser fluido o temporal. Un fallo que restrinja la ciudadanía por nacimiento podría afectar potencialmente a hospitales, escuelas y gobiernos locales en los condados de Miami-Dade y Broward, donde los funcionarios dependen de definiciones claras de ciudadanía para prestar servicios.
En un hecho sin precedentes, el presidente Donald Trump asistió brevemente a la audiencia, pero se retiró después de que el representante de su administración presentara su caso ante el alto tribunal.
El procurador general John Sauer, argumentando para la administración Trump, dijo a los magistrados que la ciudadanía por nacimiento se ha aplicado erróneamente durante décadas y no debería extenderse a los hijos de no ciudadanos sin lazos permanentes con el país. «La cláusula de ciudadanía se adoptó justo después de la Guerra Civil para otorgar ciudadanía a los esclavos recién liberados y sus hijos», dijo Sauer. «No otorgó ciudadanía a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales que no tienen tal lealtad».
Sauer también señaló lo que describió como consecuencias no deseadas de la interpretación actual, incluida lo que llamó «una industria expansiva de turismo de nacimiento», en la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía.
Los datos disponibles sugieren que la práctica es relativamente limitada. El Center for Immigration Studies estimó en 2020 que entre 20,000 y 26,000 bebés nacían anualmente de mujeres que viajaban a EE.UU. con ese propósito, menos del 1% de los nacimientos totales a nivel nacional.
Varios magistrados parecieron escépticos ante los argumentos de la administración durante más de dos horas de alegatos orales. La jueza Elena Kagan cuestionó directamente la lectura del gobierno de la Decimocuarta Enmienda, diciendo a Sauer que el texto en sí no parecía apoyar su posición.
El presidente del tribunal, John Roberts, también expresó preocupación sobre la base legal del argumento del gobierno, sugiriendo que se basaba en excepciones estrechas e históricamente específicas.
Los abogados que desafían la política de la administración argumentaron que su interpretación entra en conflicto tanto con el texto constitucional como con más de un siglo de precedentes de la Corte Suprema.
Representando a los demandantes, la directora legal de la ACLU, Cecillia Wang, enmarcó el tema como una cuestión fundamental sobre el significado de la ciudadanía. Su argumento se basó en gran medida en la decisión de la Corte Suprema de 1898 en United States v. Wong Kim Ark, que estableció que un hombre nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense.
El juez Brett Kavanaugh también pareció cuestionar la solidez de la posición de la administración, centrándose en cómo el Congreso ha tratado históricamente el tema.
Líderes de derechos civiles y defensores legales hacen eco de la visión de la ACLU. «Cualquier esfuerzo por limitar la ciudadanía por nacimiento es un asalto directo a los derechos civiles», dijo Marc Morial, presidente de la National Urban League.
Los tribunales inferiores han bloqueado consistentemente la orden de Trump, considerándola probablemente inconstitucional, y la política permanece suspendida en todo el país.
Aun así, las apuestas son altas. Cientos de miles de bebés cada año podrían ser negados de la ciudadanía, muchos de ellos en el Sur de Florida, si se respalda la orden, lo que plantea preguntas sobre el estatus legal y el acceso a derechos básicos.
Los defensores advierten que el impacto se extendería más allá de la aplicación de la ley de inmigración, creando incertidumbre para hospitales, escuelas, empleadores y agencias gubernamentales que dependen de definiciones claras de ciudadanía.
Se espera una decisión de la Corte Suprema para principios del verano. El resultado podría redefinir quién es considerado estadounidense y alterar el panorama legal para las familias inmigrantes en todo el país, especialmente en comunidades diversas como Miami.
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