La administración de Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de EE.UU. revertir una decisión judicial que protege a cientos de miles de venezolanos en Florida y otros estados de deportaciones masivas.
En un escrito de 41 páginas, el abogado general John Sauer argumentó que el poder judicial no tiene autoridad para revisar decisiones ejecutivas en materia migratoria, calificando la extensión del TPS como «contraria al interés nacional».
«Actuar basado en estereotipos negativos generalizados es el ejemplo clásico de racismo»
– Juez Edward M. Chen
La demanda presentada el 19 de febrero por siete venezolanos y la Alianza Nacional TPS alega discriminación racial y motivación política en la revocación. Según documentos judiciales:
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