La administración Trump asegura haber cumplido con la orden judicial que bloqueaba el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a 261 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Sin embargo, un vuelo con los deportados ya había despegado antes de la notificación formal del juez.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denuncia que «no hubo oportunidad de revisar evidencias». 5 venezolanos bajo protección judicial alegaron ser víctimas de identificaciones erróneas.
Funcionarios como Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone lideraron negociaciones con gobiernos centroamericanos. «La política exterior sufriría daños si se detienen estas deportaciones», advirtió un documento judicial.
Estas buscando algo?
