La aerolínea American Airlines y la cadena hotelera española Iberostar han llegado a acuerdos extrajudiciales con herederos cubanoamericanos que reclamaban propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro hace más de seis décadas. Los arreglos, que se mantuvieron en secreto hasta ahora, representan un duro golpe para las empresas extranjeras que invierten o hacen negocios en la isla.
Según informó el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Iberostar llegó a un acuerdo el año pasado, mientras que American Airlines lo hizo a principios de este año. Ambos casos fueron presentados tras la activación en 2019 del Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes se beneficien de propiedades confiscadas en Cuba.
La demanda contra American Airlines fue presentada por José Ramón López Regueiro, heredero de José López Vilaboy, un empresario cercano al dictador Fulgencio Batista que en 1952 compró los terrenos del actual Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por 1,5 millones de dólares. López Vilaboy modernizó la pista y construyó la terminal, pero la propiedad fue confiscada tras la llegada de Fidel Castro al poder en enero de 1959.
El caso, representado por el bufete miamense Rivero Mestre, fue inicialmente desestimado en 2022 por un tribunal federal de Miami al considerar que el demandante no era ciudadano estadounidense en el momento de heredar la reclamación. Sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó la decisión, allanando el camino para el acuerdo.
En el caso de Iberostar, la demanda fue interpuesta por los herederos de Dolores Martí Mercade y Fernando Canto Bory, propietarios del hotel “El Imperial” en Santiago de Cuba, que posteriormente fue rebautizado como Iberostar Heritage Imperial. El litigio fue manejado por la firma legal Zampano Patricios, con sede en Coral Gables.
Iberostar opera en Cuba en asociación con la empresa militar Gaviota y otras compañías estatales, gestionando varios hoteles en la isla. El acuerdo alcanzado el año pasado no fue revelado hasta ahora.
Estos acuerdos se producen en medio de una creciente presión del gobierno de Donald Trump contra Cuba y las empresas extranjeras que hacen negocios en la isla. La compañía minera canadiense Sherritt International ya anunció la suspensión de sus operaciones en Cuba. Además, dos demandas similares —una contra cuatro navieras que atracaban en el puerto de La Habana y otra contra Cimex, la mayor conglomerado militar cubano— están pendientes ante la Corte Suprema de EE.UU., que podría emitir un fallo en breve.
Los expertos señalan que un fallo favorable a los demandantes podría disuadir aún más a los inversores extranjeros de operar en Cuba. Mientras tanto, Delta Air Lines también enfrenta una demanda separada presentada por José López Vilaboy en noviembre del año pasado. La cuestión de las reclamaciones fue discutida en una reunión entre altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes del gobierno cubano el mes pasado en La Habana.
Los acuerdos ponen fin a años de costosas batallas legales y destacan las dificultades de interpretar una disposición legal que estuvo suspendida durante más de dos décadas. El presidente Bill Clinton firmó la Ley Helms-Burton en 1996, pero cada mandatario había dejado sin efecto el Título III hasta que Trump lo activó en 2019. Ahora, cualquier empresa que utilice propiedades confiscadas —como las aerolíneas que aterrizan en el aeropuerto de La Habana— podría enfrentar demandas similares hasta que las reclamaciones sean resueltas en negociaciones entre ambos gobiernos.
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