El arquitecto de los nuevos mapas de votación del gobernador Ron DeSantis, Jason Poreda, declaró ante los legisladores que su prioridad fue desmantelar un distrito de mayoría negra en el sur de Florida, creado en 1992 por un tribunal federal para garantizar la representación de los votantes afroamericanos en el Congreso. Este cambio ha provocado una ola de críticas y promesas de demandas por parte de grupos defensores del derecho al voto.
DeSantis celebró la aprobación legislativa de los nuevos mapas, afirmando en redes sociales: “Another racial gerrymander bites the dust”. Sin embargo, organizaciones como Black Voters Matter y Equal Ground advierten que el resultado es cualquier cosa menos neutral en términos raciales.
En el área de Orlando, las comunidades de mayoría hispana, principalmente puertorriqueñas, también fueron fragmentadas en varios distritos de mayoría blanca y tendencia republicana.
Luther Campbell, candidato al distrito 20, afirmó: “Los votantes negros de Pahokee, Belle Glade y partes de Riviera Beach no estarán representados por alguien familiarizado con sus necesidades”.
Por su parte, Elijah Manley, también candidato, declaró: “Envía un mensaje de que sus voces no importan”.
La reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Louisiana v. Callais determinó que considerar la raza al trazar mapas puede constituir un gerrymandering racial ilegal, incluso si se hace como remedio para mapas discriminatorios. La jueza Elena Kagan, en su disidencia, advirtió que los estados pueden ahora argumentar que favorecen a partidos, no a blancos, aunque el impacto sea desigual.
April England-Albright, directora legal de Black Voters Matter, comparó las leyes “neutrales en raza” de la era posterior a la Reconstrucción con los nuevos mapas: “En aplicación, discriminaban con precisión a los negros”.
Grupos defensores del voto y demócratas han prometido presentar demandas una vez que DeSantis firme los mapas. Genesis Robinson, director ejecutivo de Equal Ground, calificó la decisión legislativa como una bofetada a los votantes y un desconocimiento de la Enmienda de Distritos Justos de Florida, aprobada por el 63% de los votantes.
La controversia se centra en si el nuevo diseño es realmente “neutral” o si, como argumentan los críticos, simplemente reemplaza un gerrymandering racial por otro que favorece a los votantes blancos. El resultado de las impugnaciones legales definirá el futuro de la representación política en Florida.
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