Líderes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida (UF) eludieron normas internas para acelerar la incorporación del fiscal general James Uthmeier como profesor a tiempo parcial, otorgándole una flexibilidad inusual a un adjunto políticamente poderoso que gana un salario de $100,000 anuales.
Correos electrónicos internos revelan que Uthmeier comenzó a enseñar en el Levin College of Law de UF más de un mes antes de que su primer curso fuera formalmente aprobado, presentó programas de estudios incompletos y nunca recibió la aprobación total de la facultad requerida por los protocolos.
Bajo las reglas de la facultad de derecho, los nuevos adjuntos que enseñan más de un curso por año académico deben recibir la aprobación de la facultad completa. En el caso de Uthmeier, eso nunca sucedió.
El profesor Mark Fenster, presidente del comité de currículo, expresó creciente frustración al decano, advirtiendo que estaba dispuesto a «doblar las reglas» pero no a ignorarlas por completo. Fenster presionó repetidamente por los materiales faltantes, señalando la sensibilidad política del momento.
«Este es el fiscal general del que estamos hablando», recordó Fenster, y los líderes políticos de Tallahassee «han hecho un gran alboroto sobre los programas de estudios en los últimos años».
Estos hechos surgen en medio de un mayor escrutinio político sobre lo que se enseña en los campus de Florida. Una nueva ley estatal requiere que las 40 universidades y colegios públicos publiquen detalladamente los programas de estudios y materiales instructivos al menos 45 días antes del primer día de clase.
Sin embargo, los correos muestran que Uthmeier ya llevaba cinco semanas enseñando su curso inaugural, «Executive Power», cuando presentó formalmente su propuesta al comité de currículo.
En una reunión a puerta cerrada, la decana interina de la facultad de derecho, Merritt McAlister, admitió que hubo «irregularidades» en el proceso y se responsabilizó por los errores. «Eso fue un desastre de nuestra parte», dijo a sus colegas.
Un portavoz de UF, Steve Orlando, declaró que la universidad y la facultad de derecho «siguieron todos los procesos y procedimientos apropiados, así como la ley estatal» al contratar a Uthmeier. La oficina del fiscal general no respondió a las preguntas.
Después de que se revelara el salario de Uthmeier, Fenster lamentó en una carta al comité no haber tomado una postura más firme. Argumentó que la oficina del decano cargó al comité con una lista incompleta de materiales, obligándolos a «extrapolar cómo se vería el resto del semestre».
Fenster escribió que si hubiera sabido sobre la compensación de $100,000 anuales del fiscal general, no habría sugerido aprobar el curso hasta que «cumpliera con nuestras expectativas».
Para el curso de primavera, «Separation of Powers and Federalism», McAlister informó a Fenster que no estaría sujeto a los protocolos de revisión, registrándolo como un seminario que «no requiere el proceso completo del comité de currículo».
Como su curso de otoño, el programa del seminario no incluye las lecturas asignadas por Uthmeier. Según el documento, el fiscal general ahora enseña a los estudiantes sobre «ejemplos reales de la separación de poderes y el federalismo en acción».
Este caso ilustra cómo las autoridades de la principal facultad de derecho de Florida relajaron salvaguardas establecidas para acelerar la entrada del alto funcionario estatal a sus aulas, incluso cuando los líderes republicanos en Tallahassee exigen mayor transparencia y supervisión de la instrucción universitaria.
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