El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una moción ante la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito de EE. UU. para respaldar la anulación de las sanciones impuestas a Daniel Epstein, nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), mientras actuaba como abogado personal del presidente Donald Trump. La moción, presentada el 12 de agosto, forma parte de la apelación del equipo legal del mandatario.
Epstein fue sancionado días después de que se anunciara su designación para dirigir el FIU College of Law. La presidenta de la universidad y el provost declararon que la búsqueda inicial del decano fracasó a principios de año, y eligieron a Epstein, quien solicitó el puesto, aunque no fue incluido entre los finalistas ni entre los 20 principales candidatos del comité de búsqueda inicial.
La jueza federal Kathleen Williams determinó en julio que la demanda de Trump y el acuerdo propuesto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) fueron presentados con un “propósito indebido” y equivalían a un autocontrato. Como parte de esa decisión, Epstein fue sancionado con la prohibición de comparecer en el Distrito Sur de Florida por un año.
El pro hac vice es un mecanismo que permite a los abogados ejercer en una jurisdicción donde no tienen licencia. Epstein no es miembro del Colegio de Abogados de Florida.
En el escrito, el fiscal general adjunto interino Trent McCotter citó un fallo de 1990 de la corte para defender las “reclamaciones creativas” de los abogados:
“Cuando se trata de sancionar a partes o abogados por sus posiciones legales, esta corte ha sostenido que preferimos que un abogado se sienta libre de ejercer su juicio sin temor a represalias… las reclamaciones creativas, incluso con hechos ambiguos o inconsecuentes, pueden merecer desestimación, pero no castigo.”
McCotter argumentó que el fallo parecía políticamente motivado, en parte por las críticas de Williams al entonces fiscal general en funciones Todd Blanche, quien estaba a punto de enfrentar audiencias de confirmación. A diferencia de Epstein, Blanche no fue sancionado formalmente; Williams remitió el caso al Colegio de Abogados de Nueva York.
Por ello, el DOJ concluyó que el caso debería ser “reasignado” a otro juez si regresa al tribunal de distrito. “Las circunstancias que rodean el caso dan la fuerte apariencia de que la emisión apresurada se hizo por una motivación política impropia, lo que amerita la reasignación”, escribió McCotter.
El nombramiento de Epstein, de forma interina y con trayectoria hacia la titularidad, ha provocado rechazo y cuestionamientos entre el profesorado de FIU. Algunos han expresado inquietud por su visión para la facultad y por sus vínculos con Donald Trump y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller. Epstein fue vicepresidente de la organización conservadora de litigios de Miller, America First Legal, que también presentó un escrito amicus curiae para pedir que se reviertan las sanciones.
El abogado de derechos civiles y miembro del comité de búsqueda H.T. Smith se pronunció en contra del nombramiento y calificó a Epstein como un “póster de la corrupción ética”. “Lo central de los valores de FIU es preparar a los estudiantes de derecho para alcanzar un alto estándar ético y profesional. Nada podría socavar estos principios de ética y profesionalismo más que tener a un póster de la corrupción ética sirviendo como decano de la facultad de derecho”, dijo Smith.
El acuerdo propuesto originalmente buscaba crear un fondo de $1.8 mil millones para beneficio de aliados de Trump, incluidos posibles partícipes de los disturbios del 6 de enero de 2021. En otra presentación del 21 de agosto en el caso del IRS, el abogado de Trump en Miami Christopher Oprison sostuvo que las remisiones de Williams contra algunos abogados generan un “estigma continuo y un peso institucional” sobre ellos.
“Lo mismo ocurre con la injusta prohibición de un año de Epstein para actuar pro hac vice, que conlleva el estigma profesional continuo de una sanción federal operativa cada día que permanece en vigor y puede expirar antes de que la revisión de apelación pueda ofrecer una reparación significativa”, escribió Oprison.
El profesor de ética legal de la Universidad de Nueva York, Stephen Gillers, calificó la intervención del DOJ como “única”, aunque recordó que el departamento tiene derecho a intervenir si considera que existe un interés federal. “Pero enfatizo que el interés del DOJ debe ser defender el interés de Estados Unidos, no el de Trump o Epstein personalmente”, agregó. Hasta el momento, los voceros de la FIU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario, ni confirmaron si el estatus de Epstein depende del resultado del proceso de apelación.
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