Legisladores interrogan al equipo del gobernador por uso de datos partidistas
En una tensa sesión el martes, los legisladores de Florida cuestionaron duramente al equipo del gobernador Ron DeSantis por su controvertido plan de redistritación, el cual podría otorgar al Partido Republicano cuatro escaños adicionales en el Congreso. El centro del debate fue el reconocimiento del personal del gobernador de haber utilizado información partidista para trazar los mapas.
Detalles del plan y presentación
Jason Poreda, empleado de la oficina del gobernador y quien elaboró el mapa, junto con el abogado privado Mohammad Jazil, presentaron la propuesta y su justificación legal ante las cámaras legislativas. Poreda indicó que comenzó a trabajar en el mapa hace dos semanas y lo terminó el fin de semana, enviándolo a los legisladores el lunes. Fox News recibió la propuesta antes que los propios legisladores, mostrando un mapa exclusivo codificado por colores que ilustraba las oportunidades para los republicanos.

Reacciones de los demócratas y escepticismo republicano
El senador Shevrin Jones, demócrata de Miami Gardens, expresó su indignación: “Deberíamos estar todos molestos con la oficina del gobernador. No tiene respeto por nosotros”. A pesar del poco tiempo para revisar el plan, las comisiones lo avanzaron, y se espera una votación plenaria a finales de semana.
Sin embargo, no todos los republicanos están convencidos. La senadora Jennifer Bradley de Fleming Island cuestionó si la teoría legal del gobernador se sostenía solo si la Corte Suprema fallaba de cierta manera y si la Corte Suprema de Florida estaba de acuerdo. Bradley votó en contra del plan junto a otros dos republicanos, declarando: “Tengo el deber de defender la constitución que juré proteger. Es inconstitucional”.
Fundamento legal: la enmienda de Distritos Justos
El equipo de DeSantis envió un memorando legal firmado por el consejero general David Axelman, argumentando que la Enmienda de Distritos Justos (Fair Districts Amendment) de 2010, que prohíbe el gerrymandering partidista, podría ser inconstitucional en su parte relacionada con la raza. Axelman sugirió que la Corte Suprema de EE.UU. está a punto de dictaminar que usar la raza en redistritación es inconstitucional. En las presentaciones, Jazil reforzó esta idea, señalando que si se elimina un nivel de la estructura, esta colapsa.
Algunos republicanos expresaron escepticismo. La representante Jenna Persons-Mulicka, de Fort Myers, patrocinadora del proyecto, calificó el memorando como “persuasivo” y defendió el plan basándose en una reciente decisión de la Corte Suprema de Florida que respaldó un mapa anterior de DeSantis.
Antecedentes: el veto de 2022 y la presión de Trump
En 2022, DeSantis vetó el mapa aprobado por la legislatura e impuso su propio plan, que eliminó un escaño demócrata en el norte de Florida. La Corte Suprema estatal lo ratificó el verano pasado. Pero semanas después, impulsado por el presidente Donald Trump para que los estados rojos redistritaran y mantuvieran el control republicano del Congreso, DeSantis comenzó a sugerir que el mapa aprobado tenía problemas.
Negación de ventaja partidista y críticas
Aunque Poreda admitió haber usado datos partidistas, aseguró que no lo hizo para beneficiar a los republicanos. Sin embargo, los demócratas lo ven como evidente. La representante Anna Eskamani, de Orlando, señaló: “No se envía un mapa coloreado de rojo versus azul a Fox News sin la intención de ignorar los estándares constitucionales de Florida”.
Próximos pasos y preocupaciones por el tiempo
El presidente de la Cámara, Daniel Perez, anunció que sometería la propuesta a votación el miércoles, sin haber presentado un mapa alternativo. Algunos legisladores pidieron más tiempo. La representante republicana Susan Valdés, de Tampa, opinó que estaban “adelantándose un poco” y deseaba más estudio. Linda Chaney, de St. Pete Beach, mostró dudas sobre dividir St. Petersburg en dos distritos, aunque consideró positivo que el distrito ya no cruzara la bahía.
Se anticipan demandas centradas en la violación de la prohibición constitucional de gerrymandering partidista, con batallas legales que podrían definir el futuro político de Florida.

