El equipo legal que representaba al excomisionado del Distrito 3 de Miami, Joe Carollo, en una demanda presentada por la compañía de seguros QBE Specialty Insurance Company contra la ciudad, ha renunciado a su representación después de que el municipio dejara de pagar la factura de sus abogados.
En un movimiento presentado por el abogado Jorge A. Mestre y otros tres letrados del bufete Rivero Mestre, LLP, se argumentó que Carollo “no ha cumplido sustancialmente una obligación con la Firma”. Un juez concedió la solicitud de retirarse del caso, dejando a Carollo sin representación en una demanda presentada hace casi dos años.
Contactado por teléfono esta semana, Carollo afirmó que aún no ha contratado a un nuevo abogado y que la ciudad no le informó con antelación que perdería su representación legal.
La demanda de QBE busca recuperar millones en honorarios legales que gastó defendiendo a Carollo en demandas presentadas desde 2018. El caso estaba programado para ir a juicio este mes, pero el juez lo pausó por 30 días mientras Carollo encuentra un nuevo abogado.
Esta retirada es el último capítulo en una maraña de litigios que envuelve a la ciudad y a Carollo durante años, derivados de las acusaciones de los empresarios de Little Havana Bill Fuller y Martin Pinilla. La pareja ganó una sentencia de $63.5 millones contra Carollo en 2023 después de que un jurado determinara que había utilizado recursos de la ciudad en su contra como represalia por apoyar a su oponente en las elecciones de 2017.
El abogado de la ciudad, George Wysong, explicó que, aunque el municipio había estado cubriendo los honorarios legales de Carollo en la demanda de QBE, dejó de hacerlo después de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara en marzo la apelación de Carollo en el caso inicial que resultó en la sentencia de $63.5 millones.
Wysong aclaró que la ciudad aún cubre los honorarios de Carollo en una demanda diferente presentada por el exjefe de policía de Miami, Art Acevedo.
Fuller y Pinilla aún no han cobrado la sentencia de $63.5 millones, y los tribunales han dictaminado que la casa de Carollo en Coconut Grove y sus salarios están protegidos de embargo. Con Carollo reportando un patrimonio neto negativo de $62.8 millones, los empresarios buscan pagos de otras fuentes con más recursos.
Mientras tanto, la ciudad acordó demandar a Carollo por los honorarios legales gastados en su defensa en el caso inicial, aunque los funcionarios reconocieron que el movimiento es en gran parte simbólico.
La demanda de QBE estaba programada para juicio el 20 de abril, pero se complicó con la retirada de los abogados. Documentos judiciales recientes indican que un acuerdo podría estar en el horizonte.
QBE solicitó al juez una “conferencia de conciliación global” ante un magistrado federal, antes del 1 de junio, previo al juicio anticipado en otoño de 2026 en otra demanda relacionada conocida como “Fuller II”.
El abogado Jeff Gutchess, representante de Fuller y Pinilla, declaró que envió una oferta de conciliación a la ciudad en la demanda Fuller II hace varias semanas, pero no recibió respuesta, describiéndolo como un “silencio total y absoluto” por parte de los abogados municipales.
“No están hablando con nosotros”, afirmó Gutchess.
La ciudad declinó comentar sobre esta historia.
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