Mientras la campaña para legalizar la marihuana recreativa en Florida intenta nuevamente llegar a los votantes, el estado ha incrementado la presión sobre los supervisores electorales locales, situación que un oficial describió como estar «en medio de una guerra política».
El escrutinio se intensificó esta semana cuando la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad del estado notificó a los supervisores electorales de los condados de Orange, Hillsborough y Pinellas que realizaría auditorías de ciertas peticiones ya verificadas.
El gobernador Ron DeSantis se opone firmemente a la marihuana recreativa. En 2024, su administración utilizó el poder estatal y millones de dólares de los contribuyentes para combatir una propuesta de legalización patrocinada por el grupo Smart & Safe Florida.
Ese comité intenta nuevamente sacar adelante una iniciativa recreativa y, en demandas, ha acusado a la administración de DeSantis de retrasos y de emitir directivas destinadas a detenerlos.
Gretl Plessinger, portavoz del Departamento de Estado, declaró que la «Oficina de Delitos Electorales y Seguridad está realizando auditorías para garantizar que todas las firmas sean legítimas y se recopilen de acuerdo con las leyes estatales».
Plessinger dijo que en los últimos tres meses, la oficina de delitos electorales ha recibido más de 1,700 notificaciones de votantes que afirman que sus firmas fueron falsificadas o mal representadas en las peticiones. (Hasta ahora, se han verificado aproximadamente 675,000 peticiones, según la base de datos estatal).
Sin embargo, David Ramba, director ejecutivo del grupo Florida Supervisors of Elections, que representa a los 67 funcionarios electorales del estado, dijo que los supervisores de los condados están «atrapados en medio de una guerra política».
La administración de DeSantis, en los últimos meses, envió múltiples memorandos a las oficinas electorales de los condados ordenándoles desechar algunas peticiones ya validadas o cambiar su proceso. En al menos un caso, un funcionario electoral del condado rechazó la justificación del estado.
Queda menos de un mes para que la enmienda califique para la boleta electoral de 2026. Para ello, la campaña necesita alrededor de 880,000 peticiones verificadas antes del 1 de febrero.
Existe un caso judicial en curso sobre otra directiva estatal del otoño pasado, que ordenó a los supervisores eliminar aproximadamente 30,000 peticiones recolectadas por residentes no floridanos y unas 42,000 peticiones firmadas por votantes inactivos.
Mark Earley, supervisor electoral del condado de Leon, dijo que las solicitudes del estado para invalidar peticiones ya validadas «aumentan la carga de trabajo» mientras intentan revisar miles de peticiones antes de la fecha límite.
La campaña Smart & Safe Florida declaró en un comunicado que el estado está «usando todos los medios necesarios para silenciar las voces de más de un millón de votantes de Florida que han firmado peticiones legal y legítimamente».
Si la campaña supera el umbral de firmas, su próximo desafío será pasar por el Tribunal Supremo del estado, un escenario que parece cada vez más complejo ante la intensificación de las auditorías y las directivas estatales.
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