El accidente de un avión de carga que operaba para Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) dejó cinco personas fallecidas, pero además destapó el desacuerdo entre la sheriff Rosie Cordero-Stutz y la alcaldesa Daniella Levine Cava. Lo ocurrido fue la más reciente muestra de fricción entre dos de los funcionarios electos más poderosos del condado.
El tenso momento quedó captado por un micrófono en vivo momentos antes de que la sheriff hablara con los periodistas el domingo por la noche, con la alcaldesa a su lado. En el intercambio, difundido en redes sociales por el podcast Mercy’s Corner, Chris Hudtwalcker, jefe de despacho de Levine Cava, le dijo a Cordero-Stutz que la alcaldesa debería hablar primero.
Hudtwalcker argumentó: “La alcaldesa es responsable del aeropuerto, así que creo que ella debería hablar primero”. La respuesta de la sheriff fue contundente: “Sé lo que usted cree. Esto es seguridad pública. Y yo voy primero”.
El desacuerdo se produjo horas después de que un equipo de rescate del condado llegara a la escena del siniestro en 30 segundos. Tanto el Departamento de Aviación como el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade dependen de la alcaldesa, no de la sheriff.
“No creo que nadie quiera ver una escena como la que vimos”, dijo la comisionada Daniella Cohen Higgins, demócrata y presidenta del Comité de Aviación y Puertos, en una audiencia el martes. “Especialmente cuando se han perdido vidas. Es una distracción completa de aquello en lo que deberíamos estar enfocados”.
Juan Perez, ex director de la Policía de Miami-Dade y respaldante de Cordero-Stutz en la campaña de 2024, señaló que el episodio refleja los dolores de crecimiento de ambas oficinas al intentar consolidarse como entidades separadas, y advirtió que es un tema que debe resolverse con anticipación para no repetirlo frente a las cámaras.
La tensión no es nueva. Hasta un cambio reciente en la Constitución de Florida, Miami-Dade no tenía un sheriff electo y la alcaldesa tenía autoridad sobre la policía del condado. Eso cambió en 2024, cuando Levine Cava apoyó a la candidata que perdió frente a Cordero-Stutz, republicana y ex administradora sénior del Departamento de Policía de Miami-Dade.
Ambas administraciones tampoco lograron un acuerdo presupuestario a puerta cerrada. La alcaldesa recomendó un aumento del 6% en fondos tributarios para la Oficina del Sheriff, mientras que la sheriff pidió un 12%. Esa diferencia equivale a $52 millones y ha convertido el presupuesto del sheriff en uno de los principales focos de conflicto antes de la votación final del 17 de septiembre.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Presupuesto de la Oficina del Sheriff | $1,000 millones |
| Aumento propuesto por la alcaldesa | 6% |
| Aumento solicitado por la sheriff | 12% |
| Brecha entre ambas propuestas | $52 millones |
| Votación final del presupuesto | 17 de septiembre |
Horas antes de la primera audiencia presupuestaria del 3 de septiembre, Cordero-Stutz y el comisionado Juan Carlos Bermudez emitieron un comunicado conjunto criticando a la alcaldesa por un tema no relacionado. Una semana antes, se conoció que la administración de Levine Cava buscaba un acuerdo de marketing con el creador de Grand Theft Auto, videojuego cuya versión ficticia de Miami-Dade incluye crimen y violencia. Cordero-Stutz señaló que ese mundo ficticio incluye asesinato, robo, narcotráfico, robo de autos y violencia contra la policía, conductas que los agentes de la Oficina del Sheriff trabajan todos los días para prevenir.
El accidente del avión de carga fue la primera prueba práctica de la relación entre ambas funcionarias durante una crisis. Una fuente al tanto de los preparativos dijo que Levine Cava y sus principales adjuntos se reunieron con funcionarios federales antes de la conferencia de prensa, pero que Cordero-Stutz, aunque fue invitada y se esperaba su presencia, nunca llegó.
El martes por la mañana, durante una conferencia en la que la sheriff dio a conocer los nombres de los cinco fallecidos, Cordero-Stutz defendió su manejo de la situación: “En una situación o escena tan compleja como la que estábamos viendo, este tipo de cosas van a surgir. Lo abordamos y seguimos adelante”.
El lunes, Levine Cava afirmó: “Es mi principal responsabilidad como alcaldesa garantizar la seguridad y el bienestar de quienes viajan a través de MIA y de los residentes del condado de Miami-Dade”. El martes, su oficina confirmó que la alcaldesa y la sheriff no han hablado desde el domingo, pero dijo que el público debe tener plena confianza en la capacidad del condado para responder a emergencias. “Eso lo vimos el domingo, cuando Miami-Dade Fire Rescue llegó a la escena en segundos y los equipos de seguridad pública y Aviación trabajaron sin contratiempos con la Oficina del Sheriff”.
Durante la primera reunión del comité tras el siniestro, la comisionada Natalie Milian Orbis, republicana y presente en la sesión informativa y la conferencia del domingo, dijo que hubo “muchas piezas en movimiento” y que las emociones estaban intensas, por lo que no debería decirse que alguien estuvo equivocado o en lo correcto. En cambio, el comisionado Oliver Gilbert, demócrata y candidato al Congreso, respaldó a Levine Cava: “Deberíamos comunicarnos y cooperar con todos, pero la cara y la voz del condado que el pueblo eligió para hablar en esa situación es la alcaldesa Cava”.
En la misma reunión, el vicealcalde Roy Coley dijo que ambas administraciones negocian un acuerdo formal de cooperación entre la Oficina del Sheriff y el gobierno del condado. Ese documento definirá los protocolos sobre quién toma el liderazgo en una emergencia; según Coley, la carta orgánica de Miami-Dade otorga esa responsabilidad a la alcaldesa. “Es explícito y así hemos funcionado siempre. Y estoy seguro de que continuaremos así”, declaró.
En 2021, Levine Cava fue la cara pública de la respuesta de Miami-Dade al colapso del edificio de Surfside, cuando el director de la policía y el jefe de bomberos respondían ante ella. Aquella exposición le dio reconocimiento nacional y allanó su reelección en 2024. Ahora, con límite de mandato y una salida prevista para 2028, la alcaldesa debe gestionar una relación tensa con una sheriff que se perfila como la nueva cara de la aplicación de la ley y que podría buscar la reelección en dos años.
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