Doce días después de que la ciudad de Miami ordenara a The Club at Brickell Bay, uno de los condominios más grandes de la ciudad, el cese inmediato de los alquileres vacacionales ilegales, la fiesta continúa en el edificio conocido como “Animal House”. Una búsqueda en varias plataformas de reservas reveló más de 200 alquileres a corto plazo disponibles, con tarifas desde $200 por noche. Los anuncios, con fotos de balcones soleados sobre la Bahía de Biscayne y descripciones de la vida nocturna de Brickell, siguen atrayendo turistas.
El Club at Brickell Bay, una torre de 43 pisos y 643 unidades, se ha convertido en un hotel de facto durante los últimos seis años. Alrededor del 85% de las unidades son Airbnbs operados por inversores ausentes a través de administradores de propiedades, una situación que ha generado caos entre los residentes de tiempo completo.
La subgerente municipal de Miami, Barbie Hernandez, envió el 11 de agosto una carta a la junta directiva de la HOA para exigir el cese de todos los alquileres ilegales y pidió que la junta se comunicara con ella en un plazo de 10 días. Al ser consultada el jueves sobre si la junta había cumplido, Hernandez envió una declaración el viernes: “La asociación ha dado una respuesta y actualmente se está programando una reunión. La ciudad continuará abordando el asunto de acuerdo con las leyes estatales y locales aplicables”. Ante la pregunta sobre cómo planea la ciudad hacer cumplir la orden, no ofreció más detalles.
Los cinco miembros de la junta, todos vinculados al negocio de alquileres vacacionales y ninguno residente del edificio, respondieron solicitando voluminosos registros públicos y un periodo de gracia de 90 días durante el cual la ciudad se abstendría de hacer cumplir la orden. La junta informó que contrató a un bufete de Miami con “experiencia especializada en derecho de uso de suelo y zonificación”.
En su respuesta, la junta pidió tres meses para analizar una lista exhaustiva de registros públicos, incluidos informes de incidentes relacionados con The Club, políticas de planificación y zonificación, inspecciones de cumplimiento de código y actas de reuniones de la comisión municipal y de la junta.
La presidenta de la junta, Maria Sindia Borras, dijo en un comunicado: “La junta recién elegida tiene la intención de trabajar cooperativamente con la ciudad para resolver cualquier malentendido mientras protege los intereses de nuestros propietarios y residentes de tiempo completo. Hemos hecho solicitudes detalladas de registros a la ciudad y contratamos un bufete con experiencia en derecho de uso de suelo y zonificación. También pedimos a la ciudad un periodo de gracia de 90 días mientras obtenemos y revisamos esos registros. El objetivo de la junta es garantizar que nuestra comunidad sea segura y esté bien administrada, preservando los valores de las propiedades y manteniendo la estabilidad financiera.”
La junta contrató a Bercow Radell Fernandez Larkin & Tapanes, un bufete de Miami con conexiones políticas conocido por representar a desarrolladores inmobiliarios que buscan aprobaciones de proyectos, reclasificaciones y variaciones del gobierno local.
Los residentes no han notado cambios. Las entradas y salidas continúan sin cesar en un vestíbulo a menudo lleno de huéspedes con maletas. Los ascensores sobrecargados se descomponen con frecuencia y las fiestas nocturnas siguen siendo igual de ruidosas. Los visitantes ignoran el código de vestimenta y se han reportado comportamientos ebrios y explícitos en balcones y piscinas.
La policía de Miami es llamada casi a diario. El 4 de agosto, agentes respondieron a una llamada de las 2 a.m. sobre un estudiante universitario turco de 20 años que cayó al vacío desde el balcón de un Airbnb en el piso 34. Su amigo dijo a la policía que el joven había estado bebiendo y fumando marihuana.
La orden de Hernandez se produjo después de un reportaje publicado el 16 de julio que reveló cómo los alquileres de menos de 30 días prosperan en The Club a pesar de la falta de permisos y licencias de los anfitriones. Un sistema de reservas impulsado por el software de gestión hotelera GraceSoft fue instalado en la oficina por directivos anteriores. Hernandez coincidió en su orden en que el edificio viola las leyes de la ciudad.
El reportaje también encontró que The Club, un edificio residencial multifamiliar, tiene un Certificado de Uso de 2007 que no le permite operar como hotel y que contiene la firma falsificada del antiguo propietario Alex Fornet. Fornet se ofreció a ayudar al fiscal de la ciudad a investigar un presunto fraude en The Club; en un correo electrónico dirigido a la ciudad, dice que es un oficial retirado de la policía de Miami-Dade.
Otro Certificado de Uso, de 2011, permite a la empresa Executive Corporate Rental alquilar 30 unidades de hotel, aunque la junta de ese entonces nunca lo aprobó. Los estatutos del edificio no especifican restricciones de alquiler, pero sí exigen que los propietarios cumplan con las leyes locales y estatales, incluidas las restricciones del código Miami 21, y prohíben el hospedaje transitorio.
Los miembros de la junta fueron elegidos el 22 de junio tras una campaña polémica. La detección de boletas falsificadas llevó a la derrota del antiguo presidente Karl de Borbon, quien reside en el edificio y opera seis Airbnbs en él.
Al igual que de Borbon, los actuales directivos tienen un interés directo en impugnar el intento de la ciudad de clausurar los alquileres a corto plazo.
| Cargo | Nombre | Vinculación con alquileres vacacionales |
|---|---|---|
| Presidenta | Maria Sindia Borras | Dueña de dos unidades de alquiler a corto plazo. Superhost con 4.95 estrellas; anuncia Bright Brickell Condo with balcony, free parking de un dormitorio y un baño para cuatro huéspedes. Las 56 reseñas son todas positivas. |
| Vicepresidenta | Jessiana Escontrela | Socia de Park Place Properties y propietaria de cinco unidades. La empresa, cuyo sitio afirma We maximize your revenue, asegura que las propiedades tengan éxito en el competitivo mercado de Miami. |
| Tesorera | Suad Yidios | CEO de My House Hospitality. Entre sus anuncios: Stunning 2BR@Brickell free parking ocean view, disponible el 10 de septiembre por dos noches a una tarifa de temporada baja de $807 en VRBO, y Penthouse Oceanview 4bedroom free parking @Brickell, disponible el 21 de septiembre por tres noches por $1,053. |
| Secretario | Victor Lozier | CEO de VoilaRentals. Lideró la campaña para sacar a de Borbon y aboga por una gestión estricta de los Airbnbs. |
| Director | Luis de Antonio | Originario de España, dirige de Antonio Elite Stays, enfocada en apoyar operaciones y coordinar experiencias de huéspedes en propiedades de alquiler y hospitalidad en Miami. |
| Ex administradora | Yissely Herrouet | Administra Modern and Luxurious Brickell Studio, disponible por una noche el 29 de agosto por $255. Fue arrestada en noviembre y acusada de hurto mayor y de un esquema para defraudar al emplear a familiares y manipular gastos de nómina en The Club, según la Fiscalía del Estado de Miami-Dade. Se declaró no culpable. |
Durante los años en que Herrouet trabajó para First Service Residential, ella y sus parientes compraron cinco unidades y las abrieron como Airbnbs. Esos alquileres siguen operando.
En la respuesta de la junta a Hernandez, el abogado de Miami Javier Zayas-Bazan dijo que la HOA niega operar un hotel o establecimiento de hospedaje y también negó haber ordenado a su personal que rechazara a los inspectores de la ciudad. Hernandez criticó a la junta por la “táctica” de negar el acceso a los inspectores de cumplimiento de código que atendían quejas. Correos electrónicos entre residentes y el departamento muestran que empleados de recepción dijeron a los inspectores que se fueran en ocasiones anteriores. En otra ocasión, el año pasado, Karl de Borbon confrontó a dos inspectores que emitían citaciones por hospedaje ilegal en el piso 16 y los echó, diciendo que estaban invadiendo la propiedad.
El viernes, mediante un correo electrónico a los miembros de la HOA, la junta hizo su primer anuncio sobre la carta de cese y el reportaje del 16 de julio, al que calificó de no reflejar la vida diaria en The Club at Brickell Bay y de centrarse en “un puñado de residentes vocales”. Los residentes, que se han quejado durante años ante la ciudad por las perturbaciones, la clientela peligrosa y los riesgos de seguridad, esperaban más transparencia de los nuevos directivos. Expresaron su enojo porque la junta utiliza los fondos de la HOA, es decir, las cuotas mensuales de mantenimiento de los propietarios, para pagar abogados que impugnen la orden de la ciudad y preserven los negocios de Airbnb de los inversores.
La propietaria Colette Florez dijo: “El hecho de que la junta esté peleando con la ciudad y jugando al juego de la demora es ridículo. Pensé que la nueva junta se preocuparía por nosotros y haría algo ante el desastre que está esperando ocurrir si hay un incendio o un huracán. Pero solo les importa su ingreso por inversión. Han estado aprovechándose de nuestra vaca lechera de edificio durante tanto tiempo que no quieren comprometerse y cambiar a alquileres mensuales.”
Christina Lardon, residente desde 2008, agregó: “No deberíamos tener que jugar al escondite con nuestra junta del condominio. No compré para vivir en una autocracia. ¡No hay reyes! La junta está robando nuestro dinero para pelear contra nosotros y continuar su farsa. Están actuando en beneficio propio y han roto sus promesas de campaña a los propietarios y residentes.”
Lardon dijo que no ha podido comunicarse con los miembros de la junta. Un administrador de propiedades de First Service Residential le dijo que no podía compartir los correos electrónicos ni los números de teléfono de los directivos. Lardon, entre otros, ha recibido cartas de cese y desistimiento del abogado de la HOA cada vez que se quejaba de los alquileres a corto plazo, y asegura que está siendo señalada como denunciante.
La junta reiteró su visión de una convivencia armoniosa entre los inversores propietarios de Airbnbs y los residentes que viven en el edificio.
“A pesar de estas circunstancias difíciles, la junta confía en que puede trabajar de manera constructiva con la ciudad para proteger los derechos de propiedad legítimos de los propietarios de unidades y los valores inmobiliarios de la comunidad”, escribió la junta a los miembros de la HOA.
La ciudad continuará abordando el asunto de acuerdo con las leyes estatales y locales aplicables, según la respuesta de Hernandez. Mientras tanto, los residentes siguen esperando que la orden se traduzca en cambios reales en un edificio donde la controversia por los alquileres vacacionales está lejos de terminar.
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