La promesa de que el gobierno federal cubriría la factura de la construcción del campamento de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida podría estar en riesgo, dejando a los contribuyentes estatales potencialmente responsables de los costos millonarios.
En un documento judicial presentado el martes ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EE.UU., abogados del Departamento de Justicia revelaron que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aún no ha decidido si reembolsará al estado de Florida por los gastos de construcción.
Los letrados señalaron que, según la guía del programa de subvenciones, FEMA podría no aprobar todos los costos presentados por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), que supervisa las operaciones del centro. «Es crucial que los documentos muestran que FEMA podría no reembolsar a FDEM por los costos de construcción», escribieron, añadiendo que la agencia «podría finalmente rechazar los costos solicitados por completo».
Kevin Guthrie, Director de Manejo de Emergencias, añadió otra capa a la saga, informando que FEMA comunicó a su agencia que los pagos estaban retenidos por el Departamento de Justicia por razones no divulgadas.
Los abogados federales aclararon que el reembolso del Programa de Subvenciones para el Apoyo a la Detención no es específico para ninguna instalación estatal en particular, sino que se distribuye según el costo por detenido. Enfatizaron que los proyectos son de alcance «programático», «no específicos para ninguna instalación» y, «no para construcción».
En septiembre, cuando FEMA otorgó inicialmente la solicitud de Florida, informó a la administración DeSantis que su presupuesto presentado excedía los fondos disponibles para ese año. La agencia pidió al estado que proporcionara un presupuesto revisado basado en el costo por detenido, y colocó los fondos en espera.
La construcción de Alligator Alcatraz se realizó rápidamente el verano pasado en el aeródromo Dade-Collier Training and Transition Airport, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress. En junio, FEMA había estimado que cada cama de detenido costaría $245 por día, totalizando unos $450 anuales. El gobernador DeSantis había asegurado que el gobierno federal cubriría la factura.
El documento judicial del martes fue parte de la contra-moción del gobierno federal en el caso de apelación presentado por el grupo ambiental Friends of the Everglades. Este grupo argumenta que el intercambio de fondos entre el estado y el gobierno federal es el desencadenante que sometería al centro de detención a las regulaciones de evaluación de impacto ambiental.
“La existencia de una solicitud estatal es solo un paso preliminar hacia una decisión final de financiamiento federal”, dice el documento. “FEMA no ha tomado esa decisión definitiva incluso ahora”.
Estos desarrollos añaden más dudas sobre si los contribuyentes de Florida recibirán algún día un reembolso completo del gobierno federal por la ampliada represión de inmigración de la administración DeSantis. La División de Manejo de Emergencias de Florida no respondió el viernes a solicitudes de comentarios.
La polémica destaca las tensiones entre las políticas estatales de inmigración, el financiamiento federal y la responsabilidad fiscal, con el singular centro Alligator Alcatraz en el ojo del huracán.
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