Desde el cierre de Alligator Alcatraz en junio de 2025, los administradores de emergencias de Florida han comprometido casi $500 millones adicionales hacia el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes. Según totales financieros actualizados, el estado ha prometido al menos $1.4 mil millones en fondos de desastre a los proveedores que han construido centros de detención y ejecutado la ofensiva migratoria.
La administración de DeSantis ha desembolsado casi $630 millones en estos contratos hasta la fecha, con aproximadamente $812 millones en saldos pendientes. Esas cifras no incluyen compras únicas de suministros, viajes ni alimentos.
Casi ninguna de las modificaciones contractuales se publicó en el portal de transparencia de proveedores del estado, pese a que la División de Manejo de Emergencias de Florida, la agencia encargada de la aplicación migratoria durante el último año, ha engordado el valor total en las últimas semanas.
Buena parte de los compromisos más recientes proviene de contratos actualizados con proveedores existentes del centro temporal de detención que el estado levantó en los Everglades y que fue conocido como Alligator Alcatraz.
Cuando el gobernador Ron DeSantis anunció su cierre en junio, su administración añadió millones de dólares a los contratos sin licitación firmados con empresas de manejo de emergencias. Esa autoridad proviene del estado de emergencia migratoria que DeSantis declaró en enero de 2023 y que ha renovado al menos 20 veces.
El salto en el gasto se produce pese al mayor escrutinio de la Legislatura estatal sobre el fondo de emergencia controlado por el gobernador. Durante la pasada sesión legislativa, la supermayoría republicana estableció nuevos mecanismos de control, incluida una ley que exige informes trimestrales de gasto a los líderes legislativos.
La División de Manejo de Emergencias, sin embargo, ha superado el plazo para publicar ese informe trimestral. Aun así, pidió $250 millones adicionales a la Legislatura para ayudar a pagar las facturas migratorias. La solicitud aparece en la agenda de la reunión de la Comisión Conjunta de Presupuesto Legislativo del próximo viernes, con el objetivo de “pagar facturas pendientes relacionadas con desastres declarados”.
La agencia no respondió preguntas sobre por qué los contratos aumentaron de costo, por qué la mayoría de las modificaciones no fue presentada ni cuándo pagará por completo a los proveedores.
El mayor receptor de los fondos de emergencia recientemente comprometidos es IRG Global Management, que había recibido previamente $112 millones en cuatro contratos destinados en gran parte a establecer una “aldea de personal” en el sitio de los Everglades. Esos contratos aumentaron de forma exponencial desde el cierre de Alligator Alcatraz en junio y ahora suman $313 millones.
Los costos únicos de IRG en el ya desmantelado sitio incluyeron $40,000 en almohadas, $102,000 en equipos de gimnasio y $52,000 en agua potable, según los registros de pago.
La empresa texana Garner Environmental Services casi duplicó el valor de su contrato en los últimos dos meses, al pasar de $83 millones a $152 millones. La compañía de baños portátiles Doodie Calls ha sido uno de los mayores receptores de contratos de inmigración del estado, con un total de $219 millones.
| Empresa | Valor del contrato | Cambio reciente |
|---|---|---|
| IRG Global Management | $313 millones | Casi se triplicó desde $112 millones |
| Doodie Calls | $219 millones | Uno de los mayores contratos migratorios |
| Garner Environmental Services | $152 millones | Casi se duplicó desde $83 millones |
Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Estas firmas son parte de los 60 proveedores a los que se les han prometido $1.4 mil millones desde junio de 2025 por participar en la Operación Vigilant Sentry o por ayudar a administrar Alligator Alcatraz y Deportation Depot, una instalación estatal en el norte de Florida.
Esta inversión formó parte del plan de DeSantis para liderar a nivel nacional la aplicación de las leyes de inmigración y trabajar en conjunto con el presidente Donald Trump, cuya campaña se basó en parte en las deportaciones masivas.
Después de que Trump asumiera el cargo, DeSantis firmó leyes para crear sanciones migratorias estatales, prohibir la matrícula estatal para estudiantes universitarios indocumentados y abrir los dos centros de detención de migrantes.
El Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias del estado se creó en 2022 como respuesta a la pandemia de COVID-19 y permite a DeSantis pagar rápidamente emergencias declaradas sin necesidad de aprobación legislativa. Cuando declaró la emergencia migratoria en enero de 2023, habilitó el uso de fondos de desastre para la aplicación de la ley migratoria.
Dos tercios del gasto de emergencia del año pasado se destinaron a inmigración. Hasta el jueves, ese fondo de emergencia tenía un saldo remanente de $163 millones.
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