Decenas de trabajadores aeroportuarios, organizadores laborales y miembros de la comunidad se congregaron el viernes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, mientras los permisos de trabajo para miles de inmigrantes haitianos en el sur de Florida estaban por expirar. La administración Trump extendió por dos semanas los permisos de trabajo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para siete países, ofreciendo un respiro momentáneo a los afectados.
La noticia de la extensión, que vence el mismo día en que los permisos debían caducar, generó un alivio cauteloso, pero aún persiste la incertidumbre. Según Wendi Walsh, vicepresidente general de Unite Here, sindicato que representa a 300,000 trabajadores de hoteles, servicios de alimentos y aeropuertos, algunos empleadores ya han despedido o puesto en licencia administrativa a titulares de TPS. “Todo el mundo tiene miedo. Están caminando sobre cáscaras de huevo”, declaró Michelle, trabajadora del aeropuerto, en una protesta paralela en el Little Haiti Cultural Complex.
La situación en Fort Lauderdale refleja una crisis más amplia en el sur de Florida, donde residen aproximadamente 90,000 beneficiarios haitianos del TPS, muchos de ellos empleados como asistentes de salud, enfermeras, maestros y dueños de negocios. A esto se suman decenas de miles de venezolanos que perdieron sus permisos en otoño pasado.
Una mujer haitiana, que pidió no ser identificada por temor a la deportación, trabaja como limpiadora en el aeropuerto y ha vivido en Estados Unidos durante una década. Gracias al TPS pudo comprar una casa, pero ahora teme perder su empleo y no poder pagar la hipoteca. “No estamos viviendo, solo estamos… no estamos vivos”, confesó. El estrés le ha agravado la hipertensión, y la posibilidad de perder el seguro médico agrava su angustia.
Michelle, ciudadana estadounidense de ascendencia haitiana, relata que su tía, beneficiaria del TPS, ha dejado de salir de casa por miedo a ser detenida. “Verla frustrada y asustada nos rompe el corazón. No sabe si será su último día en Estados Unidos”, dijo. La tía, originaria de Île de la Tortue, llegó a EE.UU. bajo un programa de parole que ya no existe.
La extensión ocurre menos de un mes después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminara que las decisiones del poder ejecutivo sobre el TPS no pueden ser revisadas por tribunales, a menos que se demuestren violaciones constitucionales. Este fallo limita severamente la capacidad de los beneficiarios para impugnar la terminación del programa. El gobierno de Trump ha buscado eliminar el TPS para Haití, Siria, Honduras, Nicaragua, Afganistán, entre otros países, argumentando que fue diseñado como un alivio temporal.
Documentos internos publicados en el caso revelaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ignoró la ley federal al no consultar al Departamento de Estado sobre las condiciones en los países de origen, según correos electrónicos entre funcionarios. El viernes, el DHS debía decidir si renovará el TPS para unos 170,000 salvadoreños, con un impacto económico de $5.4 mil millones anuales y $1.5 mil millones en impuestos.
Mientras tanto, los trabajadores y sus familias esperan una solución definitiva. La extensión de dos semanas es solo un respiro, y los sindicatos exigen una protección permanente para cientos de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos. La comunidad continúa movilizándose para presionar al Congreso y a la administración.
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