El administrador de la EPA, Lee Zeldin, sorprendió al anunciar la terminación de $20 mil millones en subvenciones climáticas otorgadas a través de la Inflation Reduction Act por la Administración Biden. Esta medida, comunicada el pasado martes por la noche, ha encendido un intenso debate tanto en el ámbito político como en el jurídico.
Lee Zeldin, protagonista de esta controvertida acción ambiental.
De acuerdo con Zeldin, la terminación se funda en preocupaciones sustanciales sobre la integridad del programa. En un comunicado, el administrador afirmó que los fondos estaban afectados por fraude, despilfarro y un proceso de asignación que, a su juicio, debilitaba la capacidad de la EPA para ejercer un control riguroso sobre los recursos. Declaró: «La única forma de reducir el despilfarro y cumplir con la ley es terminando estas subvenciones.»
Reuniones y audiencias en las que se discuten los alcances de la medida.
La decisión ha generado fuertes reacciones entre distintos actores. Senador Ed Markey acusó a la administración de intentar eliminar un programa que podría beneficiar a miles de hogares con energía limpia, mientras que Senador Sheldon Whitehouse criticó los «intentos infundados» de desvirtuar fondos ya autorizados por el Congreso. Los representantes del Climate United Fund, receptor de una subvención de $7 mil millones, han denunciado la acción y aseguran estar evaluando todas las opciones legales para revertir lo que califican de ilegal.
Funcionarios discutiendo los alcances y consecuencias de la medida.
La terminación se produce justo un día antes de una audiencia judicial en la que se evaluará el acceso a los fondos bloqueados en una cuenta de Citibank. Además, otros beneficiarios, como la Coalition for Green Capital y Power Forward Communities, han iniciado procesos legales para recuperar el dinero, argumentando que la cancelación se basa en argumentos infundados sobre la estructura del programa y no en acciones de malversación comprobadas por los grantees.
Testimonios y debates en la sala de audiencias evidencian la controversia.
La EPA ha manifestado que se trabajará en la reobligación de los fondos, esta vez con controles más estrictos para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley. No obstante, la medida sigue siendo objeto de críticas y el futuro del programa pende de la decisión judicial, lo que mantiene la incertidumbre en el ambiente de la política ambiental de Estados Unidos.
La controversia continúa en distintos frentes legales y políticos.
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