El Departamento de Justicia interviene en Nueva York para frenar la potencial expropiación de acciones de YPF, un movimiento que resalta la defensa de principios de inmunidad soberana
Argentina ha logrado un avance significativo en el complejo litigio por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha anunciado que se presentará como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, respaldando la solicitud argentina de suspender la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska. Este dictamen, que ordena la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a la firma Burford Capital, había desatado una alarma en Buenos Aires. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, fue declarado en 2023 el principal beneficiario de una sentencia que exige a Argentina el pago de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Apenas hace diez días, la jueza Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, había avalado la demanda de Burford para quedarse directamente con el paquete accionario mayoritario de la empresa. La intervención del DOJ, firmada por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur, busca frenar esta ejecución mientras se resuelve la apelación, ofreciendo un respaldo jurídico y político crucial para la nación sudamericana.
Este no es el primer respaldo de Estados Unidos a la posición argentina en esta causa. Ya en octubre pasado, bajo la administración entonces en curso, el fiscal en turno había advertido a la jueza Preska que acceder al pedido de Burford «violaría las normas de inmunidad soberana que rigen en el país». Sin embargo, Preska, conocida por su perfil conservador y su cercanía al Partido Republicano, había optado por ignorar esa recomendación, autorizando la entrega de las acciones. La actual intervención del DOJ en la Cámara de Apelaciones no solo subraya la persistencia de estos principios de inmunidad soberana, sino que, de prosperar, podría verse como una reivindicación de la defensa de la soberanía nacional frente a los intereses corporativos transnacionales, un pilar que ha sido consistentemente valorado en ciertos sectores políticos estadounidenses. La estrategia argentina ahora busca sumar el apoyo de otras naciones como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, con el objetivo claro de detener la ejecución del fallo antes de que se torne irreversible y ganar tiempo para que la apelación prospere en un tribunal superior.