Miami Springs, una tranquila comunidad de poco más de 13,000 residentes, se ha convertido en un epicentro de arrestos relacionados con inmigración en el sur de Florida. Datos estatales revelan que desde agosto hasta mayo, la policía local documentó más arrestos migratorios que departamentos mucho más grandes, como el de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
¿Por qué una comunidad pequeña genera tantos arrestos?
Miami Springs ocupa el segundo lugar entre los departamentos de policía municipales del condado Miami-Dade en arrestos por inmigración, el tercero en el sur de Florida y empata en el quinto lugar a nivel estatal con Melbourne y North Port, según el panel de datos del estado de Florida. Durante el período de agosto a mayo, registró 75 encuentros migratorios que resultaron en 50 arrestos, de los cuales 16 fueron clasificados como detenciones migratorias y los 34 restantes por cargos penales locales o estatales.
En comparación, el Departamento de Policía de Miami, que sirve a más de 487,000 residentes, reportó 451 encuentros migratorios, pero solo uno resultó en un arresto por inmigración. Hialeah, con más de 235,000 habitantes, informó ocho encuentros y ningún arresto migratorio. Doral, con más de 83,000 residentes, no reportó encuentros migratorios en el mismo período.
El corredor de la calle 36: clave en la estrategia policial
El jefe de policía de Miami Springs, Matthew Castillo, asegura que la alta tasa de arrestos no se debe a redadas aleatorias, sino a la ubicación geográfica de la ciudad. El corredor de la Northwest 36th Street, lleno de hoteles y negocios cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, concentra entre el 40% y 60% de las llamadas de servicio mensuales. Allí, las intervenciones por narcóticos, fraude, vehículos robados y trata de personas a menudo revelan estatus migratorios irregulares.

Castillo, quien asumió como jefe en enero de 2025 y firmó el acuerdo 287(g) con ICE tres meses después, rechazó las críticas que sugieren que su departamento realiza “barridos aleatorios”. “Cada uno de estos encuentros se originó en investigaciones criminales o arrestos. El componente migratorio fue secundario”, afirmó.
Voces críticas: ¿exceso de celo migratorio?
Alana Greer, directora del Community Justice Project, organización que se opone a los acuerdos 287(g), cuestionó la versión de Castillo. “No hay nada en la geografía de Miami Springs que justifique que su policía se convierta voluntariamente en agentes de ICE. Los datos muestran que los oficiales están deteniendo a personas sin cargos criminales”, sostuvo. Greer señaló que el 86% de los municipios de Florida reportan cero arrestos migratorios, lo que convierte a Miami Springs en un caso atípico.

Detalles de los encuentros migratorios
Entre septiembre y febrero, los registros del departamento muestran que de 48 encuentros migratorios, 29 involucraron solicitudes de detención migratoria (I-247). Además, 18 de los individuos eran personas sin hogar, 15 fueron arrestados y 8 finalmente detenidos por ICE. Los nacionales cubanos representaron la mayoría (28 de 48), seguidos de senegaleses, hondureños, colombianos, nicaragüenses, argentinos, venezolanos, nigerianos y jamaiquinos.
Castillo, hijo de padre cubano y cuya esposa nació en la isla, afirmó tener “empatía personal por la comunidad inmigrante”, pero insistió en que las acciones se basan en actividad criminal, no en estatus migratorio. “Nuestra prioridad es la seguridad pública”, remarcó.
Fondos federales y futuro del programa
Desde que firmó el acuerdo 287(g), Miami Springs recibió $115,000 de ICE, utilizados para comprar dos vehículos patrulleros. Cuatro de los 47 oficiales del departamento han completado el entrenamiento migratorio. Castillo está por dejar su cargo a mediados de junio para convertirse en jefe de policía de Doral, ciudad que alberga una gran comunidad venezolana y donde el futuro del programa 287(g) es incierto.
El debate sobre el rol de la policía local en la aplicación de leyes migratorias continúa. Mientras tanto, Miami Springs sigue siendo un caso de estudio sobre cómo una pequeña comunidad puede generar un gran impacto en el cumplimiento migratorio.