El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales en un caso que podría definir el futuro de más de 355,000 personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), casi todos haitianos. La decisión tendrá un impacto directo en la comunidad haitiana del sur de Florida, donde residen más de 145,000 titulares de TPS haitianos (según datos de marzo de 2025).
El gobierno de Trump solicitó a la alta corte que permita la terminación del TPS para Haití y Siria, luego de que tribunales inferiores mantuvieran las protecciones. Los jueces presionaron al gobierno federal sobre si los comentarios racistas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes deberían influir en los desafíos legales.
El procurador general John Sauer, representando a la administración, rechazó que las declaraciones de Trump —como la afirmación falsa de que los haitianos comen mascotas o que los inmigrantes “envenenan la sangre de nuestro país”— deban guiar el análisis de la corte. “La Corte debería concluir que estas declaraciones no son esclarecedoras”, dijo Sauer.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que un juez de distrito ya había encontrado en febrero que “la animosidad racial” probablemente influyó en la terminación del TPS. El abogado de los demandantes haitianos, Gregory Pipoly, argumentó que la administración Trump puso fin al TPS para países “todos no blancos”, mientras creaba una vía humanitaria separada que beneficiaba principalmente a sudafricanos “blancos”.
El juez Samuel Alito cuestionó esa afirmación preguntando si sirios, turcos o griegos son considerados “no blancos”. Pipoly respondió que el concepto de raza evoluciona con el tiempo. Los abogados del gobierno negaron que haya motivaciones raciales y defendieron la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional para terminar las designaciones por razones de política exterior.
El caso es seguido de cerca en el sur de Florida, epicentro de la comunidad haitiana en EE.UU. El domingo previo a los argumentos, decenas de líderes comunitarios, religiosos y residentes realizaron una manifestación exigiendo mantener el TPS para los haitianos. La imagen muestra a cientos de personas ondeando banderas haitianas y sosteniendo carteles en señal de apoyo.
Entre los firmantes de un escrito de apoyo presentado a la Corte Suprema se encuentra el reverendo Dr. Keny Felix, pastor de la Iglesia Bautista Bethel Evangelical en Miami y presidente de la Fellowship Nacional Haitiana de la Convención Bautista del Sur. “Como pastor que sirve a familias haitianas todos los días, sé lo que está en juego. Haití está en crisis y enviar a familias de regreso sería una sentencia de muerte”, declaró.
Viles Dorsainvil, titular de TPS haitiano y demandante, compartió su historia: salió de Haití en 2020 tras recibir amenazas y extorsiones. Una vez en EE.UU., trabajó como administrador de casos en Ohio. La experiencia lo impulsó a convertirse en demandante. “Si no cuentas tu historia, otros contarán una historia sobre quién no eres”, afirmó. “Lo hacemos por nosotros, por la comunidad, por todos los titulares de TPS”.
El TPS es un programa federal que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes de países en crisis. El Secretario de Seguridad Nacional revisa las condiciones del país cada 6, 12 o 18 meses. Si la Corte Suprema acepta el argumento del gobierno de que los tribunales no tienen autoridad para revisar las decisiones de TPS, el presidente podría usar el fallo para poner fin al programa para otros países, como Venezuela, que tiene unos 230,000 titulares en Florida.
Por el contrario, si la corte rechaza ese argumento, los venezolanos, haitianos y otros beneficiarios podrían seguir defendiendo sus protecciones en los tribunales. Haití recibió por primera vez el TPS tras el devastador terremoto de 2010. La administración Trump intentó terminar las protecciones en su primer mandato, pero enfrentó demandas. El presidente Biden las amplió tras otro terremoto, el asesinato del presidente Jovenel Moïse y la violencia de pandillas.
Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una advertencia de “No viajar” para quienes consideren ir a Haití. Según la lista de vigilancia de emergencia del Comité Internacional de Rescate para 2026, Haití sigue enfrentando una de las peores crisis humanitarias: el 73 % de los hogares se sienten inseguros donde duermen, el 60 % no tienen a sus hijos en la escuela por la violencia y el 75 % no pueden pagar servicios de salud.
El fallo de la Corte Suprema podría llegar en las próximas semanas, definiendo no solo el destino de cientos de miles de inmigrantes, sino también el equilibrio de poder entre el ejecutivo y el judicial en materia migratoria.
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