Las familias separadas durante el primer mandato de Donald Trump enfrentan un nuevo desafío: el Departamento de Justicia (DOJ) ha retirado abruptamente el contrato con la organización Acacia Center for Justice, que brindaba asistencia legal independiente, para internalizar estos servicios. 
El juez federal Dana Sabraw (nombrado por George W. Bush) supervisa el cumplimiento del acuerdo que obliga al gobierno a proveer servicios legales. La administración Trump argumenta que la internalización cumple con lo pactado, mientras la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alerta sobre conflictos de interés.
«¿No les hemos hecho sufrir suficiente? Es inaceptable que deban recibir asesoría de quienes buscan deportarlos»
– Anilú Chadwick, Together & Free
Según documentos judiciales:
Funcionarios insisten en que sus abogados son «neutrales y expertos en leyes migratorias», prometiendo talleres informativos y conexión con redes pro bono. El viernes 16 de mayo se realizará una audiencia clave para evaluar estas medidas.
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