Inmigrantes en South Florida que esperaban convertirse en ciudadanos estadounidenses esta semana recibieron una noticia devastadora: sus ceremonias de naturalización fueron canceladas. Esto ocurrió después de que la administración Trump emitiera una directiva amplia que busca detener la inmigración desde países considerados «de alto riesgo».
Las cancelaciones fueron confirmadas por múltiples abogados de inmigración. Wilfredo Allen, un abogado cubano-estadounidense con base en Miami, dijo haber recibido un aviso de que la ceremonia programada para el miércoles de una clienta cubana había sido cancelada. Otra abogada, Patricia Elizée, informó que dos clientes haitianos que esperaban jurar como ciudadanos el viernes también vieron sus ceremonias canceladas.
“El objetivo del gobierno es muy claro: crear pánico e incertidumbre en la comunidad inmigrante”, afirmó el abogado Wilfredo Allen.
La nueva orden del Departamento de Seguridad Nacional a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) afecta todo, desde solicitudes de tarjeta verde hasta permisos de trabajo para individuos de 19 países. Además, pone en espera todas las solicitudes de asilo, independientemente del país de origen del solicitante.
Las políticas de la administración Trump han apuntado particularmente a tres comunidades profundamente arraigadas en el tejido de Miami: cubanos, venezolanos y haitianos. Más de un millón de personas de estos países perdieron protecciones legales cuando el Estatus de Protección Temporal y el parole humanitario establecidos bajo la administración Biden terminaron este año.
Una mujer venezolana que solo quiso identificarse con el apodo de «Beth», por miedo a represalias, dijo que esperaba finalmente convertirse en ciudadana estadounidense después de ser residente desde 2020. “Es indignante lo que está pasando”, dijo. “Mi abogado me dijo que todas las citas para el examen de ciudadanía, incluso las ceremonias de naturalización, se están posponiendo”.
Los 19 países afectados ya enfrentaban diferentes niveles de restricciones después de que el presidente Trump los colocara bajo una prohibición de viaje de EE.UU. en junio. Incluyen:
El congresista Carlos Gimenez, republicano de Miami que forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, dijo en una declaración que ha “solicitado detalles al DHS sobre cómo se implementarán estas reglas” y se opone a cualquier medida que socave la Ley de Ajuste Cubano.
En el Centro de Apoyo de Solicitudes del USCIS en North Miami Beach, la escena era inusualmente tranquila, reflejando la incertidumbre. Mark Douglas, un abogado de inmigración con base en Fort Lauderdale, dijo que es demasiado pronto para saber el impacto total, pero que la orden “ciertamente ha creado mucha ansiedad”.
La comunidad inmigrante de South Florida, ya afectada por años de retrasos en entrevistas de asilo y naturalizaciones, enfrenta ahora un nuevo período de limbo legal.
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