El gobernador Ron DeSantis se prepara para extender por decimonovena vez el estado de emergencia por inmigración en Florida, manteniendo poderes expandidos que le permiten eludir 25 leyes y regulaciones estatales desde su declaración inicial en 2023. Esta medida, originalmente justificada por la presidencia de Joe Biden y cifras de cruces fronterizos, continúa vigente pese a cambios en el contexto nacional.
La División de Manejo de Emergencias de Florida ha suspendido provisiones críticas que incluyen:
Estas suspensiones permanecerán activas mientras DeSantis renueve la declaración de emergencia, actualmente programada para expirar este sábado, pero con planes de continuación indefinida según su equipo.
El caso más notable de elusión legal es el centro de detención Alligator Alcatraz en los Everglades, erigido y operado mediante contratos de emergencia que beneficiaron a empresas con conexiones políticas. Al menos tres contratistas involucrados han aportado fondos a DeSantis o al Partido Republicano estatal.
Legisladores demócratas, incluida la representante Anna Eskamani, han exigido el fin del estado de emergencia. En una carta de julio, solicitaron redirigir recursos a respuestas por huracanes y desastres naturales, sin obtener respuesta. «El gobernador puede suspender leyes y gastar dinero público sin abordar emergencias legítimas como la crisis de asequibilidad», criticó Eskamani.
A partir de enero, una nueva disposición exigirá a la División de Manejo de Emergencias presentar informes anuales detallando el uso de fondos. Sin embargo, republicanos estatales se muestran reticentes a cuestionar los poderes de emergencia del gobernador en materia migratoria.
«Donde creo que se necesita reforma es en el estatuto. Hay potencial para abusos si alguien declara una emergencia climática o por armas», admitió el ex portavoz de la Cámara Paul Renner, aunque evitó criticar la emergencia migratoria.
Con la decimonovena extensión, los poderes de emergencia de DeSantis se proyectan hasta 2026, transformando una herramienta históricamente usada para desastres naturales en un pilar de su segundo mandato. La declaración inicial, emitida tres días después de su juramentación en 2023, se renueva cada 60 días sin ajustarse a nuevas realidades fronterizas.
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